La mayoría de las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia advierten de que la auditoría que los obispos españoles encargaron en febrero al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo es una investigación que “nació muerta” desde el momento en el que la Conferencia Episcopal Española (CEE) decidió poner al frente del equipo de trabajo a Javier Cremades, consejero delegado del bufete. “La decisión de la Iglesia de buscar la verdad nos parece un paso adelante. Lo que no nos parece un paso adelante es la persona en la que ha recaído esta investigación. Es un hombre muy relacionado con el Opus Dei, una prelatura que ha atacado directamente a las víctimas. No me parece el medio más adecuado para llevar a cabo una investigación que debería ser neutral”, explica Ana Cuevas, representante de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR).
Su hijo sufrió abusos de un profesor entre 2008 y 2010 en el colegio Gaztelueta (en Leioa, Bizkaia), un centro de enseñanza perteneciente al Opus Dei que aún no ha reconocido la culpabilidad del agresor pese a una condena judicial dictada por el Tribunal Supremo. “El mayor favor que puede hacer Cremades en esta causa es dimitir”, dice Cuevas. El líder del bufete siempre ha reconocido que es miembro del Opus Dei y ha subrayado que su pertenencia no influirá en el trabajo. “Me juego mi prestigio”, ha repetido en varias ocasiones. La madre que lo acusa de no ser imparcial, insiste: “Lo primero que debería haber hecho es condenar el delito y la actuación de acoso del colegio contra mi hijo”.
Cuevas no es la única afectada que dice sentirse molesta. La entidad a la que pertenece publicó el pasado viernes junto con las Asociaciones de Víctimas de Pederastia en la Iglesia Navarra (AVIPIN) un manifiesto donde, además de rechazar su participación en la investigación de la Iglesia, señalaban que la metodología que el despacho estaba siguiendo para contactar con las víctimas y recopilar sus casos obedece más a una recogida “de gastos de hipoteca” que de testimonios de personas que han sido abusadas sexualmente. “El cuestionario, inquisitivo, pide información que no es relevante: el estado civil, donde vivimos, la dirección, etcétera. Atenta contra la privacidad de algunos datos de las víctimas. La escucha es fundamental para saber cuáles han sido los problemas, el hostigamiento y la tortura a la que nos han sometido durante mucho tiempo”, explica una víctima de abusos de un seminario de Zaragoza.
Los testimonios de las víctimas han sido la piedra angular de las investigaciones que ya se han realizado en otros países como Irlanda, Australia o Francia. En este último, las entrevistas con afectados permitieron hacer una estimación de 330.000 víctimas en los últimos 70 años. Sus historias permiten vislumbrar la magnitud del problema y su dimensión en las últimas décadas. Expertos como Gema Varona, presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, profesora de Política Criminal y Victimología en la Universidad del País Vasco (UPV) y coautora de una investigación universitaria pionera en España sobre el efecto de los abusos clericales, explicó hace unas semanas en EL PAÍS que la forma de tratar a las víctimas también es sumamente importante y que el modo de Cremades para acercarse a ellas no ha sido el más acertado. “Me han explicado que al mandar el correo al buzón que han habilitado, reciben un formulario en el que no se les identifica como víctimas, sino como afectados. Ahí escriben su historia. Algunas me han dicho que parece que están apuntándose a la tarjeta de El Corte Inglés”, dijo. De no contar, por tanto, con el apoyo de la mayoría de las asociaciones que animen a sus integrantes a participar en la auditoría, el informe resultante puede que no alcance su fin: una radiografía del problema que permita conocer la verdad.
Tras recibir el encargo de la CEE, el despacho abrió dos canales de comunicación con las víctimas, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. En seis semanas han recibido una cuarentena de denuncias, la mayoría de los casos son inéditos y no han salido en los medios de comunicación, según informó el propio Cremades el miércoles durante una rueda de prensa en la que presentó oficialmente a los 28 miembros que integran su equipo. Entre los nombres, destaca el de Pedro Strecht, presidente de la comisión homóloga portuguesa, y los abogados Martin Pusch y Ulrich Wastl, socios fundadores del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl, que elaboró un informe sobre estos delitos en la archidiócesis de Múnich y Frisinga. Como asesores externos también colaborarán la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y el periodista y exdirector de EL PAÍS Juan Luis Cebrián. “Hemos creado un equipo plural para entender el fenómeno del abuso sexual”, comentó Cremades.
En esa presentación de la semana pasada, el despacho anunció que se había reunido con todas las asociaciones de víctimas, incluido el vicepresidente de Infancia Robada. Hecho que la asociación desmiente. “Es totalmente falso. No nos hemos reunido oficialmente con él. Nos hemos reunido en una cita privada con una persona que no es del bufete. Además, ha citado a una víctima en concreto que ha acudido a su despacho a título personal”, comenta Cuevas.
“Tenemos una de las conferencias episcopales más obstruccionistas de Europa”
La postura de ANIR y AVIPIN concuerda con la de la Plataforma Tolerancia 0, integrada por varias víctimas como el escritor Alejandro Palomas o la fundación Vicki Bernadet, aunque estas últimas también se desmarcan de la comisión que liderará el Defensor del Pueblo (vía apoyada por las ANIR y AVIPIN). “Respetamos el derecho de las víctimas a hablar con quien considere oportuno, pero ni la auditoría de Cremades ni la comisión del Defensor del Pueblo tienen poderes coercitivos para investigar. Defendemos una comisión dirigida por el Estado con poderes coercitivos: una comisión de la verdad”, explica Miguel Hurtado, la víctima que destapó los abusos en el monasterio de Montserrat (Barcelona). Su discurso sobre la Iglesia española es contundente: “Tenemos una de las conferencias episcopales más obstruccionistas de Europa. Una parte muy importante de los obispos no van a colaborar, así que habrá que obligarles”.
Contrariamente al discurso de estas dos asociaciones se encuentra el de la entidad Mans Petit, que aboga por estar en contacto permanente con Cremades, no solamente para comunicarle su opinión sobre cómo se debe llevar a cabo la investigación, sino también para supervisarla. “A nosotros no nos han considerado parte de la comisión, pero sí queremos ser parte informada. Si las cosas se hacen serias, puede salir algo bueno. Tenemos que estar ahí detrás vigilantes y diciendo: ‘Por aquí sí y por aquí no”. El presidente de esta entidad, primer denunciante del caso maristas de Cataluña, trabajó con la orden después de que esta reconociera los hechos y, en nombre de la asociación, firmó un acuerdo de reparación de 400.000 euros para 25 víctimas de abusos prescritos.
Aunque el bufete anunció que realizaría esta auditoría gratuitamente, ha matizado que algunos miembros del equipo, como Pusch y Wastl, cobrarán unos honorarios. Estos costes, junto con los gastos derivados de la investigación (como traslados y desplazamientos), los pagará mensualmente la CEE, según el contrato adelantado la semana pasada por Religión Digital, que firmaron los obispos con Cremades. Los expertos no convencen a muchas víctimas. “Yo puedo pensar que hay gente válida, pero si es una investigación que está muerta desde la raíz, no puede resucitar [con ellos]”, dice Cuevas. En contraposición, Barbero afirma que los miembros internacionales del equipo, entre los que se encuentra Patricia Lee Refo, expresidenta de la American Bar Association, una de las asociaciones de abogados más importante del mundo, “no van a permitir que nadie les manipule”.
Si conoce algún caso que no ha sido denunciado puede hacérnoslo llegar a través de la dirección de correo abusos@elpais.es
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