Lo contaba una abogada impactada tras una sesión. Su defendida, que denunció a su marido por sufrir una paliza tras otra, se echó atrás en cuanto se cruzó con él en el juzgado. Bastó una mirada para que decidiera no declarar. La ley le amparaba. El artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) otorga el derecho a no declarar como testigo contra un pariente cercano. En los casos de violencia de género, esta dispensa se vuelve especialmente espinosa porque en ocasiones el testimonio de la mujer es la única prueba contra el maltratador. Por primera vez en la historia, la cifra de mujeres que se acogieron a esa exención ha bajado del 10% del total de víctimas.
Fueron 3.759 mujeres en el primer trimestre del año, el 9,73% del total y dos puntos menos que hace un año. Así lo destaca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su última estadística, publicada este lunes.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género cambió en 2015 la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa, “por entender que se trata de un parámetro más acorde con la realidad”, ya que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía actúa de oficio. Eso supone que la renuncia no significa necesariamente que se acabe el proceso judicial.
Por lo demás, los números de la violencia machista siguen abrumando en un momento en el que el mero término es puesto en entredicho por el partido Vox, que ha conseguido que en el Gobierno de la Junta de Andalucía hable de “violencia intrafamiliar” en contraposición con violencia machista y pretende lo mismo en Madrid.
Los juzgados registraron 18 denuncias a la hora, 438 al día, 40.319 en tres meses. Son 38.619 mujeres, casi como si todos los habitantes de Soria hubieran acudido al juzgado, en algunos casos más de una vez. Las denuncias presentadas suponen un incremento del 1,9% respecto a las del primer trimestre del año pasado. Y también hubo un incremento del 2,1% en el número de mujeres víctimas.
Casi tres de cada cuatro denuncias (el 73,6%) fueron presentadas por las propias víctimas directamente en los juzgados o a través de atestados policiales. Supone un incremento de cinco puntos respecto al primer trimestre de 2018. Bajan las denuncias presentadas por los familiares, que apenas representan un 1,73% del total, frente a un 2,5% de hace un año. Los allegados siguen guardando silencio.
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