La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que ocho centros penitenciarios privados firmaron convenios con el Gobierno de México desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna era titular de la SSP.
Existe una denuncia relacionada con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por los ocho contratos que se firmaron con penales privados durante el sexenio de Felipe Calderón, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este martes, en conferencia matutina, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que ocho centros penitenciarios privados en Sonora, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Guanajuato tienen convenios con el Gobierno de México.
Refirió que por estos, la administración federal ha pagado desde hace nueve años más de 75 mil millones de pesos.
No obstante, dijo que se adeudan más de 190 mil millones de pesos, los cuales se terminarán de pagar en 2032 en algunos penales, pero en otros se extenderá hasta 2036 o 2037.
“Así, se hace un costo total proyectado a 20 años de 266 mil 300 millones de pesos”, indicó la funcionaria federal.
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La titular de la SSPC señaló que de los más de 22 mil millones de pesos ejercidos por Prevención y Readaptación Social en 2020, el 68.3% fue para pagar a empresas privadas, es decir, más de 15 mil millones de pesos.
“El gasto por persona privada de la libertad en los centros penitenciarios privados al día es de 3 mil 819.62 pesos; 114 mil 588.72 pesos al mes, es decir, un millón 375 mil 064.65 pesos al año”, detalló.
Al respecto, el primer mandatario indicó que ya instruyó al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, para que hable con los proveedores de los penales y se llegue a un acuerdo.
“Consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente y que si tienen voluntad de que haya un arreglo se debe lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública, se va a hablar con cada uno de ellos. Al mismo tiempo, se va a empezar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, apuntó.
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López Obrador sostuvo que en este caso hubo abusos de todo tipo, ya que los beneficiarios de los contratos están muy vinculados al poder y que hay una empresa de proveedores que tiene que ver con medios de comunicación.
“Me reservo los nombres, a no ser que me lo pida el INAI, pero son empresas muy vinculadas a políticos y esto es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en el país. Es un botón de muestra desgraciadamente, porque esto se extendió por todo el gobierno, se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal, privatización sinónimo de corrupción, pero a estos extremos”, argumentó.
Por su parte, Scherer Ibarra precisó que el contrato para los ocho centros penitenciarios privados fue por adjudicación directa y que este obliga al Gobierno de México a pagar el 100% de la ocupación aunque no haya internos.