Si bien se han dado avances en la creación de las instituciones previstas tanto a nivel federal como en algunos estados, su eficacia es aún limitada.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada debe pasar de lo meramente formal a una implementación real, afirmó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en un comunicado.
A un año de su entrada en vigor, la Oficina de Naciones Unidas reconoció que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es un logro importante, pero no se aprovecha aún plenamente su potencial transformador y de esperanza.
“Desafortunadamente, el primer año de la entrada en vigor de la Ley ha tenido mínimos avances en búsquedas e investigaciones, retrasos en el cumplimiento de los plazos que la propia Ley marca y, peor aún, el hecho de que siguen sucediendo tanto desapariciones forzadas como por particulares”, lamentó Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado.
Si bien se han dado avances en la creación de las instituciones previstas en la Ley General tanto a nivel federal como en algunos estados, su eficacia es aún limitada.
“Lo que hemos visto durante este año que pasó no tiene por qué continuar. Los compromisos expresados por altos funcionarios del actual gobierno federal resultan alentadores. Es necesario garantizar que la Ley General sea implementada de manera efectiva por todo el aparato estatal. Para ello, se debe contar con el liderazgo de la federación, los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, el compromiso de los estados y la participación de las familias”, añadió el representante de Naciones Unidas.