El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que el Gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos Galván, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), emprendió una persecución en contra de los exfuncionarios que iniciaron investigaciones por actos de corrupción cometidos por el exgobernador del Estado, el priista César Duarte. El presidente hizo notar que el Gobierno federal está al tanto de la reciente detención del exfiscal anticorrupción que condujo las investigaciones, Francisco González Arredondo, que ahora ha sido acusado de “tortura psicológica” por parte de los cómplices de Duarte. López Obrador ha dicho que se trata de una venganza de la nueva Administración estatal y ha advertido de que el asunto podría perjudicar a Javier Corral, el antecesor de Campos Galván en el Gobierno de Chihuahua y exjefe del fiscal detenido.
“Están ahora queriendo perseguir a Corral, porque fue el que inició la investigación en contra de Duarte”, ha dicho López Obrador. “Nada más quiero decir desde aquí que estamos enterados y que no puede haber venganzas, y que el asunto de Duarte tiene que ver con procesos de índole federal, no solo estatal”. César Duarte fue extraditado a México desde Estados Unidos para ser enjuiciado por desvío de recursos públicos y asociación delictuosa. Las investigaciones del exfiscal González Arredondo permitieron el procesamiento de decenas de exfuncionarios, políticos y empresarios y la recuperación de millones de pesos de recursos que habían sido desviados del erario. Uno de los expedientes involucró directamente a la hoy gobernadora Maru Campos, que fue investigada y procesada por presuntamente haber cobrado sobornos de parte de Duarte entre 2014 y 2016, cuando era diputada del Congreso local.
En contra de Duarte existen otras 18 órdenes de aprehensión por más actos de corrupción. Uno de los asuntos es investigado a nivel federal por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), en un caso en el que se presume que el Gobierno de Duarte retuvo parte del salario de funcionarios estatales para posteriormente inyectarlo a campañas políticas del PRI. Además, la FGR atrajo una carpeta de investigación que había sido iniciada a nivel local por enriquecimiento ilícito del exgobernador priista. Esos son los asuntos a los que aludió este martes el presidente López Obrador, que sugirió que, por más que a nivel estatal quieran allanarle el camino del perdón a Duarte, este tiene pendientes con la Justicia federal.
El presidente ha criticado el proceso abierto en contra del exfiscal González Arredondo a partir de declaraciones de cómplices de los actos de corrupción de Duarte, cuando estos habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía estatal de testificar contra su exjefe para obtener beneficios en sus propios expedientes. López Obrador comparó la acusación de “tortura psicológica” contra el exfiscal anticorrupción con los motivos que condujeron a la deposición de Pedro Castillo de la presidencia de Perú por “incapacidad moral”. “Quienes juzgaron a Duarte ahora están siendo hostigados y se les acusa, también de manera muy peculiar, de que aplicaron ‘tortura psicológica’. Son nuevos conceptos, como estos que le aplicaron al presidente de Perú, de ‘incapacidad moral’”, ha dicho el mandatario federal.
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