Las empresas de balnearios están en pie de guerra contra el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) por la incertidumbre sobre la entrada en vigor del Programa de Termalismo, cuya fecha de inicio está prevista para el 1 de octubre, fecha que, según todos los indicios, no se va a poder cumplir. Según las compañías, cuando faltan apenas diez días para que llegue octubre, se desconoce la situación del trámite administrativo en el que se encuentra el programa en general y el del expediente de contratación de cada empresa en particular, un total cercano a 80. Fuentes próximas al instituto, que depende del Ministerio de Asuntos Sociales, reconocen el retraso, que se debe a la complejidad de esa tramitación individual; pero aseguran que su objetivo es poner en marcha el programa en las próximas semanas, incluso en octubre, aunque sin poner fecha.
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Ante eso, la Asociación Nacional de Balnearios (Anbal), que se reunió en asamblea el viernes, decidió enviar una carta al director general de dicha institución, Luis Barriga, en la que le requieren para que, antes del 22 de septiembre, “informe de si finalmente a partir del día 1 de octubre comenzará el Programa de Termalismo o, alternativamente a partir de qué fecha lo hará, entendiendo que si no se recibe respuesta a este escrito antes de la fecha señalada es porque desde el Imserso no se tiene intención de cumplir con el compromiso. Si eso ocurriera, los propios balnearios, además de emprender las acciones que en derecho les corresponden, se verán liberados de adoptar las decisiones de gestión empresarial de todo tipo que se deriven de su incumplimiento en cuanto a la puesta en marcha del Programa de Termalismo en las fechas anunciadas”.
Los balnearios se quejan de que han realizado las inversiones necesarias para abrir con todas las garantías de calidad, seguridad e higiene durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los que dura el programa, ofertado para 58.000 pensionistas, aunque oficialmente hasta la fecha ha hecho la petición un total de 11.000. Para el sector, “la situación es especialmente preocupante, puesto que, como el resto del sector turístico, los balnearios han sido uno de los más castigados económicamente por la pandemia”. Asimismo, subrayan el impacto que puede tener en los más de 7.000 puestos de trabajo que dependen de estos establecimientos, muchos de ellos acogidos a ERTE, y en las comarcas de la España rural y vaciada en la que están ubicados los 110 balnearios.
Además, los establecimientos afirman que han reservado ya sus habitaciones para atender a grupos de beneficiarios sin posibilidad de poder ofrecérselas a otros posibles clientes alternativos durante el periodo contemplado, ya que, “en respuesta a la invitación realizada por el Imserso a los beneficiarios, no han preparado una comercialización alternativa”. También destacan que “la expectativa generada con el anuncio del inicio del programa ha disuadido a los propios beneficiarios de reservar directamente en un balneario, a la espera de que el Imserso les adjudique una plaza”.
Las fuentes empresariales consultadas manifiestan que, en la comisión ejecutiva del Imserso (participan, además del equipo gestor del instituto, representantes de otros ministerios, de los sindicatos y de las patronales) celebrada la pasada semana, el director reconoció no poder poner fecha concreta al inicio del programa. La situación, concluyen, les aboca al cierre de los establecimientos abiertos y volver a realizar ERTE a sus empleados.
Las fuentes cercanas al Imserso consultadas sostienen que “son plenamente conscientes del retraso, pero que prefieren pecar de prudencia y llegar tarde que hacerlo mal”. Al respecto, señalan que el retraso fue debido a que, al igual que ocurrió con los programas de turismo social, se querían tener garantías de las autoridades sanitarias para permitir desplazamientos y las estancias”. Además, subrayan que se tenía que garantizar también que todo se hace de acuerdo a la ley y a los criterios de contratación pública.
Todos a la vez
En ese sentido, reseñan que, una vez dado ese paso, las tramitaciones se pusieron en marcha con la mayor celeridad para que el programa entre en vigor cuanto antes, reconociendo que no será el primero de octubre, pero sí a lo largo del mes. El instituto es partidario de aplicar el programa para todos los balnearios a la vez, pero no descarta hacerlo por grupos si encuentra impedimentos en alguna de las empresas, como la existencia de deudas con la Administración. Otra posibilidad es hacerlo según se vayan firmando los contratos, lo que provocaría agravios comparativos. Las empresas, por su parte, mantienen que esperar a firmar todos los contratos retrasará los trámites hasta bien entrado noviembre.
La patronal, además, recuerda que no es la primera vez que un retraso administrativo ocurre y que, para evitar retrasos, administraciones anteriores, tanto con Gobiernos del PP como del PSOE, pusieron en marcha el programa con la validación de los trabajos hechos por el Consejo de Ministros. Las fuentes gubernamentales aseguran que esa posibilidad podría hacerse si existiese un contrato anterior y prorrogarse, pero que en este caso no se puede porque los contratos se cancelaron por la pandemia y una prórroga podría incurrir en una situación ilegal.
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