Una trabajadora de una empresa de Castellón durante el proceso de producción de mascarillas FFP2.Carme Ripollés (Europa Press via Getty Images)
En seis meses pueden aparecer (o desaparecer) un montón de problemas. La nueva edición del barómetro que Deloitte y EL PAÍS publican periódicamente refleja esos bruscos cambios de opinión. Esta encuesta, que ofrece respuestas de 268 empresas que emplean globalmente a 1,2 millones de personas y facturan casi un billón de euros, traza un camino para 2022 que esta vez podríamos calificar como de optimismo cauteloso, después de un segundo semestre de 2021 en el que las compañías continuaron creciendo en facturación y empleo.
La recuperación de la normalidad es un hecho para más de la mitad de los encuestados, que han vuelto a los niveles de producción y ventas previos a la pandemia. Hay, claro, sectores para los que ese retorno al pasado se dilata (turismo, automoción) y muchas dudas sobre cómo se comportarán los precios y cuándo se resolverán los problemas de suministro. El 65% de las empresas registró crecimientos de facturación durante el segundo semestre y solo un 14% sufrió caídas. Este último dato supone el valor más bajo de los últimos seis años.
El empleo sigue avanzando (un 45% de los panelistas contrataron personal), tal y como reflejó la EPA publicada esta semana: a cierre del año había 20.184.900 ocupados, la cifra más elevada desde 2008, después de sumar 840.600 puestos de trabajo, un volumen solo superado en 2005, y con la tasa de paro más baja en 14 años, del 13,33%. Cierto es que, cuando se les pregunta a las empresas qué ha motivado esta contratación, el 29% responde que ha sido por la buena coyuntura económica. Es un buen dato, pero está por debajo de las expectativas que tenían en junio (que a su vez, eran las más altas de la serie histórica). Recordemos que el sondeo se realizó entre el 14 de diciembre y el 13 de enero, cuando los casos de ómicron explotaban dejando un río de bajas laborales. Aparejada a esta mejora del empleo se aprecia una disminución de empresas acogidas a ERTE, pasando del 24% del año anterior a solo un 8% (según los últimos datos del SEPE hay 102.000 personas en esa situación, cuando en junio eran 447.000). La rentabilidad también sonrió: para el 59% de los consultados el beneficio antes de impuestos creció en el segundo semestre de 2021 y un 40% de las empresas mejoran su previsión de inversión frente al 27% de la anterior edición del barómetro.
Hasta ahí los principales datos de un 2021 que no ha sido precisamente sencillo, y más tras el arranque de enero, con tanques rusos agolpados en la frontera de Ucrania. Atrás quedó el susto de finales de noviembre, cuando las Bolsas mundiales retrocedían un 5% después de identificarse la nueva variante en Sudáfrica y los días (y las oficinas) se convertían en una especie de dejá vu de 2020. También quedan atrás unas Navidades de reuniones frustradas, de cancelaciones en hostelería, de pedidos que no se podían servir. “El problema de estos tiempos es que la incertidumbre es demasiado grande”, identifica Judith Panadés, decana de la facultad de Economía de la Autónoma de Barcelona. “Siempre estamos pensando cómo era la economía antes de la pandemia, pero un sock de estas magnitudes cambia el paradigma. Quizá tengamos que dejar de pensar en lo que había antes… Llevamos dos años de pandemia, han cambiado muchas cosas. Es importante analizar las preferencias de las personas y cómo intentan gestionar a nivel emocional lo que está pasando”. Porque, coincide Guillem López Casasnovas, profesor de la Pompeu Fabra, “las previsiones ahora se deshacen en minutos”.
Estos ya no son tiempos normales. La encuesta lo refleja: pese a que la recuperación económica y las perspectivas son optimistas, las empresas se han visto afectadas por algunos factores que generan riesgos importantes en su día a día. Los rebrotes del virus suponen un reto en la planificación: para el 78% tuvieron un impacto medio o alto durante el año pasado. Y esa carrera de obstáculos continuará durante este ejercicio, o eso piensan más de la mitad de los consultados.
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Junto a ello están las expectativas de inflación, poderosamente altas para seis de cada diez sociedades. Joaquín Maudos, director adjunto de Investigación del Ivie, ve conforme pasan los meses que el crecimiento de los precios se va consolidando. “Aunque la incertidumbre es importante, ya se descuenta una elevación de tipos de interés para frenar la inflación”, sostenía esta semana por correo electrónico, un día antes de que la Reserva Federal anunciase la subida de tipos en EE UU. Para el profesor de IE University, Juan Carlos Martínez Lázaro, “todavía nos quedan por delante unos meses de normalización. Ojalá terminemos el año con una inflación del 2%”.
Las empresas, en cualquier caso, no son capaces de trasladar directamente a los precios ese aumento de los insumos. El 42% admite que no puede, y el 50% que sí lo hace pero repercute, por ahora, porcentajes moderados de subida. Solo un 8% de los consultados dice no verse afectado por los precios.
El profesor de economía en Icade, Gonzalo Gómez, lamenta que las esperanzas que se habían depositado en este 2022 de una recuperación robusta se han topado “con el factor energético, la inflación y el geopolítico”. Todo ello agravado por la gestión de la pandemia en China, empecinada en su política de cero contagios. “Esto nos hace ser más cautos: la moderación de precios de 2022 está en duda. La mano laxa con el endeudamiento de los Estados va a dejar de serlo. A priori, este año se presentaba como muy bueno para una recuperación dinámica con un poco de inflación, y lo que tenemos ahora es más inflación durante más tiempo y perspectivas un tanto sombrías”.
La economía creció el año pasado un 5% y algunos servicios de estudios como el de Funcas proyectan que este ejercicio avanzará otro 5,6%. Unas esperanzas de rebote que Martínez Lázaro apoya en que los cuellos de botella de la cadena mundial de suministros vayan disolviéndose y la producción de chips se normalice hacia el verano. “Eso le va a quitar potencia a la inflación en España. Además, se añade el efecto escalón [cuando la comparación de precios se haga con los ya elevados del ejercicio anterior].
Contenedores en el Puerto de Barcelona.Prisma by Dukas (UIG via Getty Images)
Esa coyuntura retiene otra víctima colateral: unas ganas de gastar con cierta contención. En España, apunta López Casasnovas, “continuamos teniendo un embolsamiento de dinero que no se está trasladando al consumo”. Visto con perspectiva, otros países en la misma situación adelgazaron más rápidamente el ahorro acumulado. “Nosotros no lo hemos hecho al mismo ritmo”, cree, por una mezcla de miedo a los precios y a que el mercado de trabajo transforme en sustos lo que ahora son alegrías, algo muy típicamente español. Lo notan las empresas más pegadas a los ciudadanos y los autónomos, que estos días negocian con el Gobierno la reforma de sus cotizaciones. María José Landaburu, presidenta de la asociación UATAE, se felicita del éxito de las vacunas y de que, desde el punto de vista sanitario las cosas hayan mejorado, pero no tanto para esos trabajadores. “En diciembre teníamos 3,3 millones de autónomos, estábamos en cifras anteriores a la pandemia después de ganar 57.000 en un año. Esto indica que el trabajo autónomo vuelve a aparecer como una alternativa, y no como una huida cuando el mercado laboral va mal. Pero ómicron está multiplicando las bajas, y es especialmente grave en nuestro caso, cuando el autónomo trabaja solo o, como mucho, tiene un empleado”.
Otra prueba de ese sabor agridulce. Para Maudos, este va a ser un año de clara recuperación pero con una intensidad que pierde fuelle, “y en esa menor intensidad de crecimiento del PIB lo que más influye es el escenario de subida de tipos. No olvidemos que España es muy sensible por su nivel de endeudamiento y por nuestra elevada posición neta negativa de inversión internacional”. ¿Por qué? “Porque con nuestra deuda externa, una subida de tipos implica transferir al exterior una mayor parte de nuestra renta para pagar el servicio de la deuda”.
Las previsiones, como la recuperación, van por barrios. El grupo de Manuel Palma, el presidente de la compañía valenciana del mismo nombre, tiene negocios en varios sectores. Pero Palma quiere hablar de la automoción —tiene varios concesionarios—. “El sector del automóvil y nuestra empresa en particular tendrá un primer semestre nefasto”, pronostica. “Tenemos más pedidos que nunca, pero no los podemos servir”. Tanto es así que no espera que la situación se normalice hasta el último trimestre, de modo que augura un año “catastrófico”.
El grupo alicantino Marjal se dedica a otro negocio poco afortunado en estos tiempos: tiene villas y campings de lujo. “Las restricciones de estos dos últimos años no han restado nada a la necesidad de viajar. Comenzaremos a ver el resurgimiento del sector en la segunda parte del año”, escribe por correo electrónico Javier Fur, su primer ejecutivo. En cambio a Francisco Cuevas, gerente de la empresa de ingeniería sevillana Ghenova, que trabaja para el naval, la defensa o el sector energético, le ha ido francamente bien. “Arrancamos el año con cifras récord en la cartera de pedidos y esperamos superar los 40 millones de facturación, lo que conlleva un crecimiento importante de plantilla”. La construcción, por poner otro ejemplo, es de esos negocios con el viento a favor pero con ciertas dificultades para trasladar a precios el incremento de los costes. Federico Ávila, presidente de Lantania, una constructora nacida de las cenizas de Isolux Corsan, pide que se definan mecanismos de revisión de precios “que permitan trasladar al menos la parte de la subida de los costes de las materias primas y la escasez de mano de obra especializada”. Otra empresa del sector, la murciana Urdecón, transmite sensaciones parecidas. Su director, Enrique Fernández-Delgado, admite que la salida a la crisis “está provocando un aumento desmesurado de la demanda, con un alza insostenible de los precios de las materias primas y una escasez de recursos para la construcción”. Materias primas como el acero o los productos derivados del petróleo se han disparado provocando esa divergencia entre los precios de las licitaciones y el coste real: “En el mejor de los casos eso sólo redunda en una reducción muy importante del margen empresarial, pero lamentablemente lo que está provocando es la inviabilidad económica el expediente administrativo”.
A quien seguro le irá bien es al sector tecnológico. Dinahosting, una empresa de alojamiento web, traslada sus buenas sensaciones: “Las empresas medianas son cada vez más conscientes de la importancia de la digitalización”, dice Ramón Carnota, su director financiero. El 68% de los encuestados admite que incrementará su apuesta por software, datos, ciberseguridad, digitalización, redes de IT y actividades web. Ignacio Muro, profesor honorario de Comunicación en la Universidad Carlos III y experto en digitalización, lo resume muy gráficamente: “Las transiciones son irreversibles, tienen por narices desaceleraciones, cuellos de botella, que son auténticas paradas de burro a las que siguen arrancadas de caballo, como dice el refrán”. Y en la que ocupa a la economía, ve a decenas de miles de pymes comprando aplicaciones y preguntándose cómo mejorar su forma de trabajar. Y aunque quizá esta no sea una arrancada a la velocidad que se esperaba, tampoco está nada mal.
Mala para el 34% y muy mala para el 28%: la opinión sobre la gestión económica del Gobierno es diáfana entre las empresas consultadas en el barómetro. Otro 26% opina que le es indiferente y solo un 12% aprueba el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Casi las mismas respuestas se replican ante las preguntas sobre la gestión que está haciendo España de los fondos europeos del Next Generation. Sorprende que solo un 38% de las corporaciones crea que se va a ver beneficiada por las ayudas. Y de los que responden afirmativamente, la mayoría valora que no llegarán los fondos hasta, al menos, el segundo semestre de este año.
Sombrías sensaciones en un momento histórico en el que los gobiernos de toda Europa han desplegado la mayor red de apoyo jamás vista en tiempos de paz enterrando el arraigado dogma de la austeridad. Guillem López, de la Pompeu Fabra, da una posible explicación a este desaliento: “Vamos con retraso, las transferencias (de fondos) no se están traduciendo en un consumo público”.
Como señaló la CEOE en un reciente informe, añade Joaquín Maudos desde el Ivie, el grado de ejecución es bajo y es importante que se corrijan las ineficiencias detectadas en los procedimientos de licitación —como periodos muy cortos y con gran carga burocrática— para que el dinero llegue a las empresas, incluyendo a las micropymes. “Me preocupa que las grandes sean las principales beneficiarias. También me preocupa que no se dé suficiente juego a las comunidades autónomas, que son las que mejor conocen las necesidades del tejido productivo”. Por eso en temas importantes, como la digitalización de las empresas, Maudos recomienda que las convocatorias se realicen desde las propias autonomías, “y no veo que vaya a ser así”.
Italia y Francia, recuerda el profesor Ignacio Muro, han imprimido una velocidad a la aplicación de las transferencias comunitarias y en el caso español reina una mayor prudencia, “dedicándolas a medio y largo plazo y no tanto al impulso de la demanda”.
Es un equilibrio complicado, porque hay sectores para los que las ayudas significan la vida o la muerte. Exceltur, la agrupación de grandes empresas turísticas, reclamaba hace unos días una política decidida para garantizar la supervivencia del mayor número de empresas (ya muy mermadas) y resolver los retos estructurales con una mejor asignación y gestión de los fondos europeos, “cuyas primeras convocatorias de 2021 generaron una honda preocupación en el seno del empresariado turístico”. Hablan de que se está haciendo un reparto territorial masivo “en proyectos de escaso poder transformador y en lugares con reducida oferta turística” y concretamente, proponen para este año reducir el número de municipios beneficiados para centrarse en otros “relevantes”, en referencia a que se está dando excesiva presencia a pequeñas localidades con muy baja capacidad de generar impactos sobre el conjunto del sector.
Otra de las demandas empresariales —y no solo desde el turismo— es que se garantice la participación empresarial en la discusión de los criterios de orientación, gobernanza y evaluación de los fondos. Esto último, la evaluación, es una reclamación extendida entre los expertos consultados. El derroche de transferencias de Bruselas en proyectos faraónicos y con poco sentido económico en el pasado hace que, ahora más que nunca, sea importante un diagnóstico anterior y posterior de las inversiones, “algo a lo que estamos muy poco acostumbrados en España, donde escasea la evaluación de las políticas públicas”, en palabras de Joaquín Maudos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Europa PressLas reformas
A Juan Carlos Martínez Lázaro, del IE, le inquieta no ya el gasto en sí, sino las reformas que trae aparejadas y que exige Bruselas. La reforma laboral acordada por patronales y sindicatos tiene por delante el difícil reto de su convalidación en el Congreso de esta semana. “Nos falta la de las pensiones, seguimos mareando la perdiz, pero hay que encontrar una solución para darle sostenibilidad al sistema”. Y añade que sin más inversión en educación, los fondos pueden terminar convirtiéndose en una reedición del Plan E de Zapatero multiplicado, por el ingente tamaño de las ayudas y los préstamos, pero sin dejar valor en la sociedad.
Además de criticar, los consultados en el barómetro escriben sus preferencias sobre dónde debería destinarse la inversión pública. Investigación, educación y sanidad, un capítulo que apenas se consideraba antes de la pandemia, son áreas prioritarias ahora para más de la mitad de los panelistas frente a la inversión en infraestructuras o pensiones. Pero hay una contradicción entre esas demandas y la opinión, también generalizada en más de la mitad de los encuestados, de que el Estado debería reducir el gasto público (un 52% lo cree) y las cotizaciones sociales (un 41%). Soplar y sorber al mismo tiempo.
Los consultados sí apuestan porque los poderes públicos den un mayor protagonismo a las exportaciones, refuercen los mecanismos para garantizar la competencia en los mercados y incrementen la liberalización del mercado laboral. En cuanto a la edad de jubilación, el 68% está de acuerdo con que se mantenga tal y como está y un 27% pide que se incremente.
Y por último, pero no menos importante, están las proyecciones sobre cómo evolucionará la morosidad, un tema medular para muchas compañías. El 51% espera que se eleve este año: lo cierto es que, durante toda la pandemia, ese sentimiento ha estado instalado en la mente de muchos gestores, sin que luego se haya visto reflejado en una pérdida de competitividad. Tampoco parece, según las respuestas del sondeo, que vaya a haber cambios bruscos en el acceso a financiación bancaria.
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