El último tirón de orejas que la Unión Europea ha propinado a España por las elevadas tasas de temporalidad que presenta sistemáticamente el mercado de trabajo del país, y que ocupan las cotas más altas en las Administraciones, no ha sorprendido a los sindicatos, que lo califican de “vergonzante” por “repetido”. El nuevo rapapolvo, que adelantó este jueves EL PAÍS, es novedoso en el sentido de que la recomendación de Bruselas gana consistencia desde el momento en el que condiciona su resolución a la contrapartida económica que recibirá España de los fondos europeos para la recuperación por la covid-19, el as de oros a partir del cual el Gobierno plantea la restructuración de las Administraciones.
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“La interinidad la han provocado las administraciones y su solución pasa por la voluntad política para acometer una reforma, con seguridad jurídica, que resuelva esta situación”, sostienen desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alertan de que en el sector público esta se sitúa ya “alrededor del 30%”, especialmente por la mala praxis de los organismos dependientes de las Comunidades Autónomas. El sindicato dirigido por Miguel Borra ha venido denunciado en los últimos meses que la irrupción de la pandemia ha evidenciado los problemas estructurales y la carencia de recursos materiales y humanos en ámbitos como la sanidad o la educación, que son los que registran los niveles más altos de temporalidad.
Ejemplaridad
“Es llamativo que Europa nos tenga que llamar la atención tantas veces sobre el tema de la temporalidad y que tenga que hacerlo en el ámbito de las Administraciones Públicas. No es nada ejemplarizante que sean ellas las que abusan más del empleo precario”, apunta Paco García, coordinador del Área Pública de CC OO. “Esperamos que esta amenaza surta efecto. Nosotros estamos a la espera de reunirnos con los nuevos responsables del Ministerio de Función Pública —que dirige Miquel Iceta tras la salida de Carlina Darias—, para presentar una batería de medidas que tienen que ver con la cantidad y la calidad del empleo”, añade García.
Carlos Álvarez, secretario general de la AGE de UGT señala que a pesar de que la temporalidad en la Administración del Estado se encuentra en un “razonable” 7%, “bienvenida sea una modificación legal que limite la generación de bolsas de temporalidad”.
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