Según el presidente Luis Arce, Bolivia está “amenazada” y “en los ojos” de la “derecha internacional” por su riqueza en litio, el mineral fundamental para la producción de baterías eléctricas y, por tanto, uno de los recursos naturales estratégicos en este tiempo. El 20 de marzo, en un discurso ante las bases de su partido, Arce respondió así a Laura Richardson, jefa del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, que unos días antes, en una declaración ante una comisión del Congreso de ese país, había exteriorizado su preocupación por la presencia china en el denominado “triángulo del litio” de Sudamérica, formado por tres países productores del mineral, Chile, Argentina y Bolivia. “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios, que se aprovechan de ellos aparentando que están invirtiendo cuando, en realidad, están extrayendo”, dijo la estadounidense.
Aunque no es la primera vez que Richardson y Arce chocan en torno a este tema, la última declaración de la jefa militar se dio dos meses después de que Bolivia firmara un convenido con el consorcio chino CBC (conformado por las empresas CATL, BRUNP y CMOC) para construir dos plantas en los salares de Coipasa (en la región de Oruro) y Uyuni (en la de Potosí). Cada una de estas plantas tendrá una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio con grado de batería (es decir, de alta pureza) y deben estar listas en 2025.
Este convenio implicó dos novedades: concretó la asociación del Gobierno boliviano con una empresa extranjera para explotar las reservas de litio de este país, que son las más grandes del mundo en salmueras (ascienden a 21 millones de toneladas). Esto es algo que, por la oposición de la región productora de Potosí a los socios previos, el país no había podido lograr hasta ahora. Y, además, constituyó la primera inversión industrial en una tecnología de “extracción directa” del litio de las salmueras, que hasta ha sido experimental.
Con la tecnología convencional, mediante piscinas de evaporación, Bolivia solo ha logrado producir 600 toneladas al año de carbonato de litio, por lo que todavía no ha entrado en el club de los grandes jugadores en el mercado de esta materia prima. Sin embargo, se espera que este año entre en funcionamiento una planta completamente boliviana que, según los planes gubernamentales, producirá 15.000 toneladas. En total, se espera que, en 2025, Bolivia produzca más que sus vecinos, Chile, que exporta alrededor de 40.000 toneladas, y Argentina, que vende 6.000 toneladas anuales.
Aunque el consorcio chino está compuesto por empresas prestigiosas (CATL es la mayor productora de baterías del mundo), la declaración de Richardson repite un ataque constante que se hace contra China, a la que se acusa de invertir en Latinoamérica para extraer recursos para su propio desarrollo, sin ocuparse del desarrollo local.
Según algunos expertos, Bolivia ha perdido tiempo en la explotación del litio que posee porque quiso hacerla sin participación extranjera, tratando de montar sola una industria muy compleja. En algo más de una década, y con una inversión de alrededor de 1.000 millones de dólares, la mayor que ha realizado el Estado boliviano en un proyecto minero, cuenta con cuatro plantas piloto, 20 líneas de piscinas de evaporación y dos plantas industriales, una de las cuales es de carbonato de litio y otra de cloruro de potasio, sustancia que también se usa en las baterías.
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Si la ley boliviana establecía inicialmente la “industrialización” del litio mediante un emprendimiento “100% boliviano”, en 2018 esto se flexibilizó y el Gobierno de Evo Morales llegó a un acuerdo con la empresa alemana ACI Systems para el uso de otra tecnología con la que no se produciría carbonato, sino hidróxido de litio (ambas sustancias son intercambiables y sirven igualmente para crear baterías). El acuerdo establecía que los productos químicos que la empresa alemana vendiera no pagarían regalías a la región, Potosí, donde se encuentra el salar de Uyuni; las regalías solo se aplicarían a las salmueras extraídas del salar. Esta cláusula detonó un duro conflicto regional contra el Gobierno de Evo Morales, que comenzó en junio de 2019 y confluyó con las protestas nacionales en contra de este presidente por los resultados de las elecciones de ese año. Antes de caer, Morales canceló el acuerdo con ACI Systems para tratar de desmovilizar a Potosí, pero su decisión no tuvo efecto. Al final, tuvo que renunciar y exiliarse.
Los términos del contrato con el consorcio chino CBC no se conocen públicamente hasta ahora. Este hecho y el actual porcentaje de las regalías, que es de 3%, otra vez están despertando la susceptibilidad de Potosí, muy grande por la memoria de la expoliación de la plata durante la Colonia. La pasada semana hubo un bloqueo de caminos de los campesinos potosinos y un paro de 72 horas del Comité Cívico de Potosí por la aprobación de una nueva ley que sube las regalías regionales a 20% en caso de que el precio de la tonelada de litio supere los 30.000 dólares. Actualmente, la tonelada se vende en más de 70.000.
Hasta ahora el conflicto no ha sido muy intenso, pero se teme que vaya escalando conforme la producción de las plantas ya construidas vaya aumentando. En su discurso del 20 de marzo, el presidente Arce alertó también contra la “derecha interna” que, según él, busca desestabilizar a su Gobierno. Un exministro de Minería, José Pimentel, exhortó en una columna periodística a “no matar la wawa (el bebé)” del litio, como ya ocurrió en 2019.
Además, hay que tomar en cuenta que Potosí también realizó grandes movilizaciones y logró la cancelación de otro proyecto de explotación de litio por una empresa extranjera en los años 90, en un momento en el que en el país se aplicaban políticas neoliberales.
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