Violencia y represión del gobierno de Argentina a partir de la excusa del coronavirus
Roque González Galván*
Guadalajara y todo México se encuentran pendientes de los reclamos y la indignación causadas por la muerte de Giovanni López a manos de la policía y de su brutalidad en contra del pueblo, bajo la excusa de “cuidar” las medidas precautorias ante la Covid-19.
En la Argentina existe un caso similar que se ha convertido en un icono en ese país como víctima de la violencia policial en el contexto del coronavirus: el asesinato de Luis Espinoza. El Estado federal y los distintos estados provinciales vienen siendo particularmente agresivos en contra de la población resguardados con el pretexto de hacer cumplir el confinamiento.
El país sudamericano decretó una cuarentena obligatoria a nivel nacional que comenzó el pasado 20 de marzo. Días antes el gobierno argentino había lanzado campañas de “quédese en casa”, la cual no tuvo la recepción esperada en la población (en esos días hubo un fin de semana en donde los centros turísticos se vieron abarrotados de visitantes), por lo que el gobierno federal decretó la cuarentena obligatoria, una de las más estrictas del mundo (para salir del domicilio se necesitó durante más de dos meses un permiso especial, salvo para los casos de contadas actividades consideradas esenciales).
Sin embargo, a poco de andar la cuarentena, en Argentina comenzaron a surgir casos de abuso policial en contra de la población más humilde (es histórico el accionar criminal de las fuerzas policiales y de seguridad en la Argentina a nivel federal y provincial, tanto en épocas de dictaduras militares como en “democracia”).
Hasta el momento, en el contexto del Covid-19, el caso más sonado es el de Luis Espinoza, un peón rural de 31 años asesinado a sangre fría en la provincia de Tucumán (noroeste de Argentina) el pasado 15 de mayo, bajo la excusa de no cumplir con la cuarentena.
Luis era un peón del pueblo de Simoca, padre de seis hijos, que debía ir a cobrar un trabajo en épocas de crisis económica, por lo que, junto a su hermano, tomaron sus caballos y partieron hacia una localidad rural cercana para recibir el dinero. A mitad del camino, se encontraron con una partida policial (once personas que iban de civil en vehículos particulares) que venía de dispersar una carrera ilegal de caballos. Viendo a los dos hermanos montados en sus caballos, los policías dispararon un tiro de escopeta. Enseguida, Luis y su hermano, Juan, escaparon al galope, perseguidos por los vehículos.
En la carrera, Juan cayó, dos hombres y una mujer lo comenzaron a golpear salvajemente, a lo cual Luis, que se encontraba a diez metros del lugar y todavía montado, gritaba por su hermano, pidiendo que lo dejaran de golpear. Otro hombre le disparó a Luis, hiriéndolo de gravedad. Posteriormente, distintos policías tomaron a Luis del suelo llevándolo a la rastra, sin ver si estaba herido o muerto. Mientras Juan permanecía en el suelo, golpeado y esposado, un total de once policías y guardias de seguridad metieron el cuerpo de Luis en una bolsa de plástico, lo depositaron en el interior de uno de los vehículos y limpiaron la escena del crimen. Posteriormente, a Juan le quitaron las esposas, dejándolo tirado en el lugar.
Luis estuvo desaparecido una semana. Se organizaron búsquedas por todo Tucumán y hasta en la provincia limítrofe de Catamarca.
El 22 de mayo se localizó el cuerpo de Luis a más de 100 kilómetros del crimen, en el fondo de una barranca de 150 metros en la provincia de Catamarca, parcialmente roído por las alimañas. Posteriormente, se comprobó que la bala que atravesó el pulmón de Luis provino de un arma reglamentaria de la policía.
Enseguida se realizaron en Tucumán marchas para denunciar este asesinato. Vale contextualizar que esta provincia está gobernada por Luis Manzur, exministro de Salud durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y vice gobernador del anterior mandatario tucumano, José Alperovich. Tanto Manzur como Alperovich son kirchneristas de la primera hora.
A pesar de la indignación provincial y nacional que desató el hecho, el presidente Alberto Fernández visitó oficialmente esta provincia tres días después de descubierto el cuerpo de Luis: el presidente no dijo ni una palabra sobre el caso Espinoza. Hasta el día de hoy, Alberto Fernández no mencionó el caso Espinoza ni una sola vez.
La organización sin fines de lucro “Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional” (Correpi), que desde hace 28 años viene denunciando los abusos policiales y de represión por parte de los Estados, informa que desde marzo pasado más de 40.000 personas han sido detenidas por violar el aislamiento social. Los juzgados, que actualmente se encuentran con servicios mínimos, abordarán todas las causas abiertas cuando se levante la cuarentena. Salvo raras excepciones, las víctimas viven en barrios pobres.
Varios videos se han viralizado sobre la violencia policial en la Argentina a causa de Covid-19. Por ejemplo, en uno se ve a jóvenes caminar de cuclillas, amedrentados por las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, quienes los hostigan con un perro amenazador. En otro, se aprecia a miembros de la Gendarmería (policía militar) humillando a un grupo que se encontraba en una villa miseria de la ciudad de Buenos Aires, obligándolos a dar saltos, realizar flexiones y cantar el himno nacional.
Video documento:
Luís Espinoza, primera víctima de la policía de Sabina Frederic en la dictadura kirchnerista. Lo mataron y tiraron POR SALIR A TRABAJAR.
Testimonio desgarrador de su madre. #DesaparecidoEnDemocracia pic.twitter.com/QhKBgNaSHs— Law (@Lawrhence2) May 23, 2020
En la provincia de Tucumán se originó otro video en donde se observa a niños y adultos corriendo por una calle de tierra siendo perseguidos por policías que los apuntan con armas. En un video proveniente de la provincia de Corrientes (noreste del país), se ve a un grupo de adolescentes que recibe disparos de un policía.
Varias comisarías a lo largo del país han sido denunciadas por exigir “pagos” a detenidos bajo la excusa de violar la cuarentena por la Covid-19.
Aunque el gobierno nacional habilitó una línea telefónica para denunciar estos abusos, la medida no ha aminorado la violencia policial: en muy raros casos los efectivos policiales reciben castigo (tanto por estos como por otros crímenes). En este contexto, los organismos de derechos humanos solicitan a la población denunciar a través de las redes sociales.
Otro caso emblemático de la violencia gubernamental en contra de los más humildes en el contexto de Covid-19 fue el cierre de la llamada “Villa Azul” (en Argentina, se denomina “villas miseria” a los asentamientos informales de población humilde, similares a las favelas cariocas). Esta Villa Azul quedó cercada como un gueto por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, comandado por Axel Kicillof (uno de los principales referentes kirchneristas) y de su ministro de Seguridad, el exmilitar golpista Sergio Berni.
Aunque el gobernador Kicillof habló de “encierro voluntario”, lo cierto es que las fuerzas de seguridad provinciales cercaron literalmente la Villa Azul, dejando atrapados a sus habitantes (todos de extracción muy humilde) en sus casuchas mínimas. Estas personas viven en hacinamiento, sobre calles de tierra, sin infraestructura mínima —sin drenajes, electricidad (tienen que “colgarse” de tendidos eléctricos cercanos), agua o gas, sin empleos, sin prestaciones, sobreviviendo a diario—, tal como lo hacen millones de personas en la Argentina, incluyendo a su ciudad capital: la ciudad de Buenos Aires tiene unas 45 villas miseria dentro de su territorio (el cual es siete veces más pequeño que la ciudad de México); 20 de esas villas miseria de la capital son pequeñas ciudades que, en su mayoría, tienen décadas de historia.
Kicillof, en conjunto con intendentes (también kirchneristas, como el de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Quilmes, Mayra Mendoza), acordaron cercar otras villas miseria.
La táctica utilizada en la Villa Azul es la misma para otros asentamientos similares: se los cerca, se impide a sus habitantes salir de sus casas (no importa que ni siquiera tengan para comer), prohibiendo la entrada a la prensa, no haciéndose presente ningún médico ni ninguna autoridad del Ministerio de Salud: sólo acude personal del Ministerio de Seguridad, con su ministro, el exmilitar Berni, sobrevolando el operativo desde helicóptero —esta manera de actuar de Berni es una réplica de su actuación cuando era ministro de la misma área durante el gobierno de Cristina de Kirchner, reprimiendo en varias ocasiones distintas protestas sociales (es recordada la ocasión en que detuvo ilegalmente a 68 manifestantes, muchos de ellos niños, llevándolos a Campo de Mayo, espacio militar que fue uno de los grandes campos de concentración durante la última dictadura militar).
Recientemente, también se “cerró” un barrio privado de clase alta en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Pero es una excepción ante la constante avanzada de los distintos estados argentinos y de las fuerzas de seguridad en contra de la población humilde y relegada, tanto a manos del peronismo (el kirchnerismo y otras líneas internas), como de otras fuerzas políticas de derecha, como el macrismo y el radicalismo (que en Argentina refiere a un partido político centenario derechista), entre otros.
La cuarentena continúa en la Argentina, aunque levemente flexibilizada. Su vigencia se ha extendido hasta el 28 de junio (esta es la sexta extensión desde que comenzó, el 20 de marzo): al terminar este período, se habrán alcanzado los 100 días de cuarentena, convirtiéndola en la más larga del mundo, superando a la implementada en Wuhan.
Sin embargo, lamentablemente, es de esperar que la violencia institucional y policial en contra del pueblo no se acabe en la Argentina (como no se terminó bajo ningún gobierno “democrático” desde que la dictadura militar tuvo que irse, en 1983).
*Sociólogo (Universidad de Buenos Aires). Doctor en Comunicación (Universidad Nacional de La Plata). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt, y profesor de la UNAM.
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.