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En una sociedad acostumbrada a la valoración y puntuación de tantas prácticas cotidianas, sorprende la opacidad que envuelve las residencias de mayores en España, una constelación de centros que ofrecen unas 390.000 plazas, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. La muerte de alrededor de 30.000 personas en esas residencias durante la pandemia ha causado conmoción en la sociedad. Desgraciadamente, el cuadro alarmante va mucho más allá de los problemas coyunturales de la crisis pandémica y retrata inaceptables fallos estructurales: el número de inspecciones es insuficiente, las sanciones son por lo general irrisorias y la falta de transparencia es muy elevada. Una investigación llevada a cabo por EL PAÍS arroja luz sobre algunas de las zonas oscuras.
La escasez de inspecciones es el primer aspecto problemático. Desde 2014 hasta 2019, 10 de las 17 comunidades autónomas no han inspeccionado ni siquiera una vez al año de media sus residencias. La situación ha mejorado levemente en 2020, pero aun así siete comunidades no han llegado a ese control anual por residencia que debería considerarse como el umbral mínimo ineludible. La insuficiente cantidad de funcionarios destinados a ejercer ese control es una de las claves del problema.
El régimen sancionador tampoco resulta satisfactorio. Según los datos recabados por este diario, un 21% del total de residencias han sido sancionadas. Pero, por un lado, esta información no es pública ni accesible a los ciudadanos, que se ven así obligados a elegir a ciegas los centros en los que ingresar a sus mayores; por el otro, las multas son por lo general irrisorias, lo que difícilmente funciona como estímulo para evitar comportamientos inadecuados. Un 75% de las 1.500 multas contabilizadas por este diario son por faltas graves o muy graves; una cuarta parte del total corresponden a falta de personal para atender a los residentes (con importes que algunas empresas prefieren pagar al ser más baratos que las contrataciones necesarias); otro 8%, a maltrato físico, psíquico o trato degradante. Todo el sistema induce demasiado a menudo a una situación de indefensión de los mayores y sus familiares, que hasta han recurrido a cámaras ocultas para grabar y difundir escenas deplorables que permanecían impunes.
El oscurantismo, el desconocimiento y el descontrol del sistema en España son indignos de este país, y más aún en un contexto europeo y occidental en el que esta información se hace pública por su obvia utilidad para los ciudadanos. En Alemania, los resultados de las inspecciones públicas se colocan en las entradas de las residencias junto a alguna otra realizada de forma privada. En Estados Unidos, los centros son evaluados con estrellas al modo de los hoteles.
Urge una evaluación seria de la situación, el establecimiento de un sistema eficaz de inspección, mecanismos de transparencia, y además un debate sobre los recursos y mínimos de calidad necesarios para la atención en las residencias. Gran parte del sector está a favor de aumentar la transparencia. Hay que mejorar ya, se trata de una improrrogable cuestión de justicia y decencia.
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