El indulto presidencial otorgado por Nicolás Maduro a más de 100 presos políticos y perseguidos vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran centenares de críticos con el chavismo encarcelados o con procesos abiertos. El gesto supone un paso significativo para avanzar hacia un espacio democrático y abre una necesaria reflexión en la oposición, que debe aprovechar la iniciativa para lograr el mayor consenso posible con el fin de conseguir unas elecciones con garantías plenas y transparentes.
Detrás de la medida de gracia se encuentra una negociación con varios dirigentes opositores, siendo el más destacado el excandidato presidencial Henrique Capriles, con vistas a los comicios legislativos previstos para finales de año. Todas las señales hasta hoy apuntan a que esas elecciones no cuentan aún con garantías democráticas plenas, como ha alertado la mayor parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea. El precedente de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, a las que solo acudió una pequeña parte de la oposición y que fueron rechazadas por los principales países y organismos internacionales por fraudulentas, así como la continua persecución a la que han sido sometidos los sectores antichavistas desde su contundente triunfo en 2015 marcan extremos que los críticos no pueden tolerar y a los que el Gobierno venezolano debe renunciar.
La necesidad de Maduro de recobrar legitimidad internacional ante la crítica situación que vive la población venezolana, agravada por la pandemia, coloca a la oposición ante la obligación de buscar el mayor consenso posible. Juan Guaidó, reconocido aún como presidente interino por decenas de países, incluido España, ha manifestado su rechazo a participar en las elecciones, mientras que Capriles apuesta por una actitud más pragmática. Pretende así alejar a la oposición de la virtualidad en la que está enquistado el Gobierno interino que proclamó Guaidó, que no solo no ha conseguido su principal objetivo, sacar a Maduro del poder, sino que se ha visto envuelto en maniobras inaceptables, como la rocambolesca operación paramilitar del pasado mayo.
Así como el statu quo de la oposición no podrá sobrevivir en el tiempo, adentrarse en unas elecciones sin garantías plenas podría terminar en un suicidio involuntario de los críticos con el chavismo. La pandemia ha abierto un espacio para que, a través de organismos internacionales, todos los sectores entablaran contactos que han permitido la entrega de ayuda humanitaria. Es un camino que debe servir para lograr acuerdos mayores. Las medidas de gracia de los últimos días, y las que se presupone vendrán, apuntan a un nuevo escenario que debe ser aprovechado por todos los actores con altura, sin primar los intereses particulares. Una salida política negociada a la crisis mediante elecciones democráticas es el único camino posible. Este, no obstante, debe incluir inexorablemente la liberación de todos los presos políticos, la garantía de que todos los partidos y dirigentes puedan concurrir y el compromiso de que los derechos humanos de los venezolanos no volverán a ser vulnerados. De no lograrlo, la oposición se sumirá en una nueva travesía en el desierto y Maduro echará al traste la enésima oportunidad de recobrar credibilidad, pero será la población, quien sufre una crisis insostenible desde hace demasiado tiempo, quien más padezca las consecuencias.
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