El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió ayer, de forma provisional, el decreto de la Generalitat que desconvocó las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero. La resolución es cautelarísima. Reactiva por tanto de urgencia la convocatoria del 14-F mientras el tribunal no decida sobre la cuestión de fondo: la legalidad de su cancelación, que afecta al derecho fundamental de participación política. Habrá que esperar pues al pronunciamiento definitivo. Pero la decisión y la caótica situación derivada —incluidas desafinadas reacciones políticas— permite algunas consideraciones. De entrada, cabe destacar cómo la medida cautelarísima pone el dedo en la llaga del severo desgobierno de la Generalitat, y denota la inseguridad jurídica que su Ejecutivo secesionista encarna.
A la espera de la decisión definitiva, puede observarse que el decreto del Govern tiene aspectos discutibles que configuran las razones de buen derecho (fumus bonis iuris) en la base de la medida cautelar. Bajo la apariencia de aplazarlo, el decreto trunca un proceso electoral ya iniciado y sujeta los comicios futuros a la voluntad del Govern, cuando debían celebrarse obligatoriamente por agotamiento del plazo para investir a un presidente. Y contradice el Estatut, según el cual solo un presidente en plenitud puede convocar elecciones, y no un vicepresidente en funciones. No parece pues la solución más pulcra para ejecutar el aplazamiento. Al contrario, desprende un aroma partidista, como intento de modular una elección que el secesionismo auguraba poco favorable.
Esta discutible gestión se suma a la llamativa pasividad en la preparación de una logística que pudiese sortear las dificultades pandémicas. Cabe recordar que Portugal, con una situación epidemiológica muy difícil, sí celebrará presidenciales este domingo. Y que en EE UU, con una eficaz preparación previa, unos 100 millones de ciudadanos votaron por adelantado. Se podían haber creado condiciones que limitaran el riesgo de contagio. Cabe también recordar que Galicia y Euskadi aplazaron sus comicios en estado de confinamiento, circunstancia que no se produce en Cataluña.
Este episodio es la hipérbole de un independentismo que se llenó la boca de hercúleos objetivos mientras dinamitaba el autogobierno del que disponía abocándolo a una persistente parálisis. Quienes decían optar por un Estado separado ni siquiera han sido capaces de gestionar un nivel de autonomía que reputaban de nimio.
Lo peor de este asunto es la dramática erosión institucional catalana. La figura del president, aunque sea transitoria, ha sido humillada por los socios del Govern, así que quien la encarna en funciones debe firmar el decreto como “vicepresident del Govern en sustitución de la presidencia de la Generalitat…”, hasta 16 palabras, un enunciado absurdo. El Parlament, que ya pasó cinco meses bloqueado al inicio de la legislatura por carecer de Ejecutivo al que controlar, pasará previsiblemente otros tantos (o más) de vacaciones a causa de la cancelación electoral, si esta finalmente se produce. El Consejo de Garantías Estatutarias ha sido también ignorado. A este desastre institucional se suma la centrifugación de empresas, el declive económico y el desprecio a más de la mitad de la sociedad. En este escenario, se detecta cierto temor independentista a las elecciones más abiertas en un decenio, lo que ensombrece mucho su manejo del proceso.
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