María Sevilla, quien fuera la presidenta de la asociación Infancia Libre, ingresó este lunes en un centro de inserción social para cumplir su condena, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia madrileño. Está sentenciada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores y a la retirada de cuatro años de la patria potestad de su hijo, que actualmente tiene 14. Sevilla retuvo al niño durante más de un año y mantuvo oculto su paradero para evitar entregarlo a su padre, quien tenía la custodia desde final de 2017 y al que ella acusa de abusos sexuales al niño. La justicia no ha considerado probados dichos abusos y su expareja, Rafael Marcos, los ha negado en todo momento. Sevilla, que asegura haber actuado para proteger a su hijo, fue detenida en marzo de 2019. Actualmente está pendiente de la decisión del Gobierno sobre el indulto que pidió el pasado diciembre y que apoyan 181 colectivos sociales, entre ellos conocidas organizaciones feministas.
La citación para entrar voluntariamente en prisión llegó unos meses después de que el Tribunal Supremo desestimara su recurso de casación, y de que un juzgado rechazara su petición de esperar a que el Ejecutivo decida sobre su indulto antes de su entrada en la cárcel. Los centros de inserción social son establecimientos penitenciarios para reclusos que cumplen la pena en régimen abierto o que están en procesos de reinserción. Fuentes penitenciarias señalan que Sevilla está pendiente de clasificación para determinar si empieza a cumplir la condena en segundo grado (régimen cerrado) o tercer grado (semilibertad). Mientras tanto, está en régimen cerrado en un centro de Madrid, según explica Consuelo Álvarez, de la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género, una de las organizaciones que pide la medida de gracia. El Ministerio de Justicia está tramitando su petición de indulto, que se registró el pasado diciembre.
Los inicios del caso se remontan a 2012, cuando la Fiscalía inició actuaciones después de que Sevilla, durante el proceso de familia en el que debía decidirse la custodia, dijera que su madre le había contado que el niño había relatado abusos por parte del padre. Comenzó así un larguísimo recorrido judicial que dura hasta hoy. Los procedimientos por abusos han sido sobreseídos. Sevilla está aún pendiente del Tribunal Constitucional, al que recurrió después del archivo de una denuncia por abusos que presentó en 2020, “tras recibir informes médicos”, porque considera que la declaración de su hijo no contó con las suficientes garantías.
Arresto en Cuenca
Respecto al procedimiento de familia, en noviembre de 2016, sobreseídas las actuaciones penales, la custodia le había sido adjudicada a Sevilla, con un régimen de visitas para el padre los fines de semana alternos que no llegó a hacerse efectivo. En diciembre de 2017, después de que la madre se hubiera llevado al niño de Madrid a Granada y no hubiera respetado las visitas, se le otorgó a Marcos.
El juzgado que en 2020 la condenó en primera instancia por sustracción considera probado que no entregó al menor a su padre, “manteniendo oculto su paradero, tanto a él, como al propio juzgado, lo que consiguió mudando su residencia y la del menor por diferentes puntos de España”. Acabaron en una finca de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca. La madrugada del 30 de marzo de 2019, la policía entró en la vivienda, la detuvo y se llevó al niño, que desde entonces vive con su padre. Marcos no le veía desde 2016.
A partir del arresto de Sevilla hubo un estallido mediático. En cuestión de meses trascendieron los casos de otras tres madres relacionadas con Infancia Libre —asociación de defensa de los derechos de los menores—, que fueron detenidas o llamadas a declarar en el marco de una investigación tras las denuncias de los padres, que aseguraban que habían retenido a sus hijos y que los habían acusado falsamente de abusos sexuales valiéndose de informes elaborados por los mismos profesionales, que avalaban dichos abusos. La unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de la Plaza de Castilla llegó a acusar a esta entidad de “organización criminal”, pero la Fiscalía Provincial de Madrid archivó la causa, al no apreciar datos objetivos que asegurasen que funcionaba como organización ilícita.
Sevilla afirma que en todo momento ha defendido el bienestar de su hijo. El 1 de febrero, en una rueda de prensa junto a organizaciones feministas que reclamaban su indulto, esta mujer criticaba la actuación de la justicia. “Lo cierto es que cada vez que hemos pedido que se proteja a mi hijo y que hemos pedido ayuda o auxilio judicial se nos ha denegado y se nos ha castigado y machacado por pedirla”, explicó. Dijo que no tenía miedo de entrar en prisión, sino de que su hijo “se queda en una situación de riesgo y en una desprotección absoluta”.
Marcos, el padre del niño, recalca que “los informes oficiales” le avalan y que el menor se encuentra bien. “Tiene 14 años y puede contar lo que le pasa. Y con todas las veces que hemos pasado por servicios sociales o el instituto, su psicólogo… alguien hubiera visto algo. Nadie ha denunciado nada”, afirmaba hace unos días por teléfono desde la provincia de Málaga, adonde se mudaron durante la pandemia, un traslado avalado por la justicia el año pasado. Sevilla ha recurrido ese auto, en el que también se denegó que la custodia del niño pasara a asumirla su abuela materna, como ella había pedido al considerar que el menor sigue en riesgo. El niño declaró durante este proceso que quería vivir con su padre, según consta en el auto. Hasta ahora, Sevilla ha visto a su hijo los fines de semana alternos en un punto de encuentro, primero en Madrid y después en Málaga.
Marcos, que ha presentado una denuncia en contra de Sevilla por falsedad documental, se opone a la medida de gracia: “Todos los actos judiciales a los que hemos asistido me dan la razón. Que se pida un indulto me parece totalmente injusto”.
Hay 181 organizaciones que lo defienden, y de manera “urgente”. Entre ellas, colectivos feministas como la Asociación Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Progresistas. En la rueda de prensa de principios de mes, las portavoces comentaron que el caso de Sevilla no es aislado y criticaron que en los juzgados se siga aplicando —pese a que la ley de protección de la infancia mandata evitarlo— el síndrome de alienación parental, la creencia según la cual un progenitor manipula a un niño en contra del otro, poniéndole en su contra. Las entidades cargan contra la falta de credibilidad que se da a quienes denuncian y contra la “criminalización de las madres protectoras”. Apoyan sus argumentos con el duro reproche lanzado a España recientemente por un grupo de expertos independientes de la ONU, que considera que el sistema judicial no protege lo suficiente a los menores de “padres abusivos”. La respuesta oficial de España a este procedimiento es que “no puede admitirse” que “errores aislados” puedan derivar en una “conclusión general”.
Source link