“Mártires” y “Pípilas” del Tribunal Electoral, en discusión sobre vehículos blindados | Audios

Consejeros de la Judicatura Federal rechazan la adquisición de camionetas blindadas para los magistrados, con costo de más de 27 millones de pesos.

El jueves 23 de julio de 2020 ocurrió en la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una singular discusión en la que un magistrado de la Sala Superior se victimizó al grado de afirmar que lo que quieren algunos consejeros de la Judicatura Federal son “mártires y no servidores públicos”.

– Yo no estoy dispuesto a acabar siendo el Pípila de la democracia -expresó el magistrado José Luis Vargas Valdez.

Todo ello porque los consejeros de la Judicatura Federal se oponían a gastar más de 27 millones de pesos en la adquisición de diez camionetas blindadas para uso personal de los magistrados, lo cual fue considerado excesivo por los consejeros de la Judicatura, uno de los cuales, Bernardo Bátiz Vázques, respondió que tal adquisición se apartaba de la Ley de Austeridad y de las prácticas del Consejo de la Judicatura Federal para el uso de vehículos blindados.

La Comisión de Administración del TEPJF es un órgano de vigilancia integrado por el magistrado presidente de la Sala Superior, quien preside también la Comisión, y lo integran otro magistrado y tres consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.

La actual Comisión de organización está integrada por los magistrados Felipe Fuentes Barrera (presidente) y José Luis Vargas Valdez y por los consejeros del CJF, Loretta Ortiz Ahlf, Bernardo Bátiz Vázquez y Jorge Antonio Cruz Ramos.

Mártires y no servidores

En su sesión del jueves 23 de julio, la Comisión conoció del proyecto para adquirir 10 nuevas camionetas blindadas para los magistrados, con un costo de 27.5 millones de pesos, a lo cual se opuso el consejero Bátiz Vázquez, quien argumentó que debería considerarse si realmente se requieren esos vehículos blindados y explicó que el Consejo de la Judicatura tiene reglas para la adjudicación de vehículos de ese tipo, pero se asignan en forma individual y no en grupo. “No hemos nunca aprobado una adquisición de vehículos en bloque”, dijo el consejero, como puede escucharse en este audio.

El magistrado José Luis Vargas, principal impulsor de la compra de las camionetas respondió con tono dramático:

-Yo amo a mi país, amo la institución en la cual trabajo, pero no estoy dispuesto a dejar dos hijos huérfanos. Si ustedes no son lo suficientemente sensibles para aceptar que hay un riesgo en este país y que tomamos decisiones límite en última instancia, y debemos tener protección del Poder Judicial de la Federación para actuar con independencia y autonomía, pues entonces,  la verdad, están buscando mártires y no servidores públicos.

Vargas rechazó la aplicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, con el argumento de que no aplica al Poder Judicial. Y si no es así -dijo- ¿por qué no nos hemos bajado los salarios? Bajémonos los salarios en esa tesitura y apliquemos exactamente los mismos criterios. Pero no se vale aplicarlas para unas cosas sí y para otras cosas no.

En su intervención, Vargas responsabilizó implícitamente, de una eventual agresión, a quienes rechazaban la adquisición de los vehículos blindados. Si habiendo la suficiencia presupuestal, y no siendo vinculante la Ley de Austeridad Presupuestal, hoy se decide no aceptar la adquisición de los automotores, “pido que se tome en cuenta la responsabilidad de cada uno de los miembros (de la Comisión)”, expresó.

En la discusión intervino la consejera Ortiz Ahlf, quien planteó la conveniencia de efectuar un estudio de riesgo para determinar quiénes realmente necesitan vehículos blindados e incluso protección de escoltas, ante amenazas reales a su seguridad. “Qué más quisiéramos que todo mundo tuviera, todos los jueces, magistrados, todos tuvieran seguridad, su camioneta blindada y su protección, pero no es suficiente (el dinero) para todos. Entonces, hay que escoger a los que realmente lo necesitan”*

Escuche usted:

El “Pípila de la democracia”

El magistrado Vargas tomó nuevamente la palabra y dijo:

Yo no estoy dispuesto, insisto, a acabar siendo el Pípila de la democracia y acabar, en algún supuesto hipotético, acabar acribillado porque (a alguien) no le gustó mi resolución; y peor aún, que no pueda tomar mi resolución, con independencia y autonomía, por riesgo a mi vida.

Aquí el audio respectivo:

En otro momento de la discusión, tomó la palabra el presidente del TEPJF y de la Comisión de Administración, Felipe Fuentes, quien argumentó que se trata de sólo diez vehículos, una cantidad mínima en el universo de 230 vehículos blindados del Consejo de la Judicatura Federal. Añadió que las diez camionetas no son sólo para los magistrados de la Sala Superior, sino también para proteger a los magistrados de las salas regionales, en su caso.

(En realidad, se proponía que los diez vehículos blindados fuesen 7 para los magistrados de Sala Superior, 2 quedarían en reserva, para cuando fuera necesario sustituir las camionetas asignadas a los magistrados -en particular por desperfectos o por mantenimiento- y sólo una camioneta se asignaría a salas regionales).

Aquí, el audio con la intervención de Felipe Fuentes:

Escándalo mediático

En la parte final de la discusión, intervino nuevamente Vargas, para decir que no le preocupaba el escándalo mediático que ocasionaría la compra de las diez camionetas blindadas y que el TEPJF y su presidente estaban dispuestos a asumir el costo político que ello representa.

Por su parte, el consejero Bernardo Bátiz expresó:

-Puedo decir que tengo más años (que ustedes) en la política. Sé los riesgos que se corren en la política y en los cargos públicos que uno asume y donde sabe que existe ese riesgo. El que no quiera riesgos, pues que no entre.

Aquí los audios de Vargas y Bátiz:

Por votación de tres consejeros del CJF en contra de la compra de vehículos blindados y dos a favor de los magistrados Fuentes y Vargas, la propuesta de adquirirlos fue desechada.




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