Durante el mandato de Donald Trump, Europa preservó el consenso internacional alcanzado a lo largo de siete décadas sobre el conflicto palestino-israelí, al que el presidente republicano de EE UU dio un vuelco en favor del Estado judío. “Ahora es el momento de hacer avanzar los principios (basados en el derecho internacional) en colaboración con (el presidente Joe) Biden, los países de la región (de Oriente Próximo) y las partes sobre el terreno para evitar que las acciones unilaterales socaven la posibilidad de la paz”, sostienen 442 parlamentarios nacionales y comunitarios de Europa en una carta hecha pública este lunes, dirigida a los jefes de la diplomacia de los países de la UE y a su Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell.
La anexión formal de Cisjordania, avalada por Estados Unidos en el ‘acuerdo del siglo’ auspiciado por Trump mediante un reconocimiento parcial de soberanía israelí, quedó en suspenso tras los pactos de normalización de relaciones suscritos el año pasado por Israel con varios países árabes. La acelerada expansión de los asentamientos de colonos judíos, que han alcanzado el nivel de construcción más elevado desde 2012, y las crecientes demoliciones de viviendas e instalaciones en poblaciones palestinas hacen temer, sin embargo, que esté en marcha un rápido proceso de “anexión de facto”. “La anexión se está produciendo antes nuestros propios ojos. La realidad sobre el terreno en los territorios ocupados es evidente”, ha advertido desde la izquierda israelí Avraham Burg, expresidente de la Kneset (Parlamento). Desde la derecha, nuevos partidos ultranacionalistas compiten con el Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu en las elecciones del próximo día 23 con programas de ampliación de la soberanía israelí sobre Cisjordania.
“La UE debe demostrar su liderazgo”, reclaman los firmantes de la carta, “y es fundamental adoptar medidas concretas para garantizar la diferenciación efectiva entre Israel y los asentamientos (en alusión al etiquetado de origen de las importaciones desde las colonias judías aprobado por Bruselas), de acuerdo con la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU (diciembre de 2016)”. Los parlamentarios –entre los que figuran una docena de representantes españoles de izquierda, nacionalistas y de centro– piden también que se intensifique “el apoyo diplomático, jurídico y financiero a las comunidades palestinas en riesgo de demolición y traslado forzoso”. A pesar de la pandemia, en 2020 se produjo el número más elevado en los últimos cuatro años de destrucción de viviendas e instalaciones palestinas, incluidas las financiadas por donantes europeos.
Tras las elecciones presidenciales en EE UU, los diplomáticos de la UE y de sus Estados miembros en Palestina han multiplicado su presencia en las poblaciones palestinas, para denunciar las acciones de derribo de propiedades de civiles por las fuerzas de seguridad israelíes, en un inusual despliegue sobre el terreno que ha pasado de ser intermitente a sistemático. La iniciativa conjunta de los legisladores insta ahora a los representantes europeos y al servicio exterior de la Unión a “proteger a toda la población bajo control efectivo de Israel” y contribuir a la creación de “condiciones que hagan posible un futuro acuerdo negociado”.
“Ningún intento de reanudar el diálogo y reconstruir la confianza podrá tener éxito si las tendencias negativas, que eliminan la posibilidad de una solución de dos Estados, continúan sobre el terreno”, se argumenta en la misiva contra la amenaza de una “anexión de facto”. “Que se afiance una realidad de un solo Estado, de desigualdad de derechos y conflicto perpetuo (…) es inaceptable, además de inviable estratégicamente”, secundan los parlamentarios firmantes. Finalmente, alertan ante el deterioro de la situación humanitaria en la franja de Gaza bajo el bloqueo israelí. “Gaza sigue en peligro de sufrir una escalada violenta”, advierten, al tiempo que demandan apoyo europeo activo a la reconciliación entre las facciones políticas palestinas y a las elecciones en todo el territorio palestino convocadas en mayo (legislativas) y julio (presidenciales) por primera vez en más de tres lustros.
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