Transformaciones urbanas. Urbanismo táctico para hacer actuaciones urgentes durante la pandemia. Y movilidad. Son los protagonistas de un mandato en Barcelona donde la vivienda sigue siendo el gran problema, con desahucios (entre 2.300 y 2.500 órdenes de ejecución de media al año, según la PAH) y expulsión de vecinos de sus barrios porque no pueden pagar el alquiler.
Al Gobierno de la alcaldesa Ada Colau le llegan críticas por dos lados. A su izquierda, de las entidades que reconocen el esfuerzo (en vivienda, por ejemplo), pero le reprochan que no llega a las promesas hechas. Y a la derecha, de patronales y lobbies que, con más o menos argumentos y agresividad, aseguran que sus políticas impactan negativamente en la economía. Conflictos de intereses (el PEUAT que restringe hoteles, la imposición a los promotores de hacer un 30% de pisos protegidos, entre otros) que han llegado a los tribunales.
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En la última encuesta municipal la alcaldesa Colau sacaba su peor nota de la serie, 4,3. Y un 65,9% de las respuestas afirmaban que la ciudad empeora. A medio mandato y consciente de que el resto de partidos (oposición y también el PSC) intensifican el despliegue de militantes por el territorio, Colau ha incrementado las visitas a barrios, sin prensa ni anuncios previos. Una fórmula que de alguna manera busca replicar los encuentros quincenales que mantenía con vecinos, que la pandemia interrumpió.
Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), su presidenta Ana Menéndez, admite que el actual es un mandato “atípico por la pandemia”, pero lamenta la falta de “mecanismos de participación organizada” o de respuesta institucional, y se refiere al paquete de propuestas en materia de emergencia habitacional que el Consell de Ciutat elevó al consistorio. La FAVB también cuestiona “el modelo económico que se dibuja en el Pacto por Barcelona” surgido de la pandemia. Las entidades vecinales no lo firmaron: “La salida a la crisis no puede ser la receta que nos ha llevado hasta aquí, debe ser un giro y diversificación”, dice Menéndez. Foment del Treball, la gran patronal, también se descolgó. Un ejemplo de tensiones con los extremos.
Las declaraciones sobre la gestión de Colau del presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, suelen ser, y lo admite, “contundentes”. Antes del verano, acusó a la alcaldesa de “maltratar a los barceloneses” con su plan de movilidad y aseguró que el planteamiento de los comunes amenazaba 50.000 empleos. La semana pasada, en Madrid, Sánchez Llibre, afirmó —tras aclarar que con Jaume Collboni “son diferentes”—, que las relaciones con Colau son “inexistentes y es imposible rehacerlas”. “Falta diálogo entre Colau y la sociedad civil barcelonesa comercial e industrial, continúa siendo muy autoritaria, no escucha, toma medidas sin consultar y es consecuencia de su sectarismo profundo y real hacia determinados sectores de la ciudad”, dijo.
La valoración de la gestión municipal es distinta por parte de la patronal de la pequeña y mediana empresa, Pimec. Reconocen la “implicación en la recuperación y resiliencia del sector económico de la ciudad durante la pandemia: en ayudas para fomentar la rebaja de los alquileres de locales, economía digital, atención psicológica a autónomos o compra pública. “Políticas en positivo”, destacan fuentes de la organización, que también entienden que “hay que mejorar la visión sobre algunos sectores de actividad (ocio, restauración y turístico) y profundizar en la colaboración público-privada”.
En el Colegio de Arquitectos, su decana, Assumpció Puig, celebra que “ha habido cambios respecto al mandato pasado, más diálogo con los colegios y los sectores profesionales”. La decana aplaude que se gane espacio público, pide que no se frene el impulso en la vivienda pública y emplaza a avanzar en proyectos pendientes: entornos de Sants o de la Sagrada Familia, el hospital Clínic o la Ciutadella.
La PAH recuerda que sigue habiendo de media 2.300 o 2.500 desahucios programados en la ciudad cada año. Reconocen la apuesta por sumar pisos al parque público “pero no cumplen las promesas”, señala Santi Mas de Xaxàs. Pide mayor coordinación entre vivienda y servicios sociales para facilitar los realojos y que se impongan las multas a grandes tenedores que no ofrecen alquileres sociales. Fuentes del Sindicato de Inquilinos añaden en las demandas “política activa contra el acoso inmobiliario, con multas” y alertan de que “la emergencia habitual no se detiene”, mientras exigen “una gran alianza entre todas las administraciones”.
En movilidad, la lectura también es polarizada. El BACC critica la política de promoción de la bicicleta y la confrontación con otros medios de transporte o que no se decida implantar un peaje urbano para sacar coches de la ciudad. En el otro extremo, patronales, gremios del motor y defensores del coche se han agrupado en una plataforma.
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