El Tribunal de Cuentas sigue recibiendo ofrecimiento de bienes por parte de los exaltos cargos de la Generalitat a los que se les han reclamado 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por los gastos indebidos que realizó la Administración catalana para la promoción exterior del procés entre 2011 y 2017. En los últimos movimientos figuran los realizados por el expresidente Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs y Andreu Mas-Colell.
Los tres han comparecido mediante un representante legal ante el tribunal para ofrecer varios inmuebles como garantía de pago, si finalmente fueran condenados, y una vez que fueron rechazados los avales ofrecidos por la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF). El valor de los inmuebles ofrecidos, sumado a los 2,2 millones que aportó ERC el pasado viernes, sitúan la cantidad asegurada en torno a los 4,6 millones de euros. Faltaría afianzar, por tanto, 800.000 euros para que el Tribunal de Cuentas no proceda a embargar. Fuentes conocedoras del proceso no descartan, sin embargo, que también esta cantidad se haya pagado mediante avales individuales al margen de lo que han aportado o canalizado los partidos. Por ejemplo, el exdelegado de la Generalitat en Austria, Adam Casals, ha pagado por su cuenta 144.000 euros.
Artur Mas y Francesc Homs han ofrecido, respectivamente, un inmueble en Barcelona y otro en Taradell, localidad de la misma provincia. La tasación actual del primero es de 1.346.952,20 euros. Hasta ahora este piso perteneciente a Mas ha estado embargado en función de otro procedimiento seguido ante el propio Tribunal de Cuentas, el relativo a los gastos destinados a la organización de la consulta del 9-N de 2014. En esa ocasión la responsabilidad contable contraída se cifró en 4,9 millones de euros. La sentencia de la Sección de Enjuiciamiento fue recurrida ante el Supremo, que en julio pasado inadmitió la impugnación por entender que carecía de “fundamentación suficiente” y que no se había justificado el interés casacional del caso, es decir, que planteara un problema susceptible de conducir a algún cambio en la jurisprudencia del tribunal.
La defensa de Mas ha alegado que este inmueble puede reutilizarse ahora como garantía en el nuevo expediente, el relativo a los gastos para la promoción exterior de los planes independentistas, puesto que el Tribunal de Cuentas ya ha recibido el total de los 4,9 millones que reclamaba por el 9-N. Por tanto, la vivienda serviría ahora para atender al segundo requerimiento, en el bien entendido de que en su momento ya se depositó una garantía dineraria para cubrir la totalidad de la cifra exigida en el primer caso, más los intereses legales pertinentes. Es decir, que el bien que sirvió como fianza provisional en el expediente del 9-N tendrá ahora la misma utilidad. La cantidad reclamada a Artur Mas —si bien la responsabilidad contable es de todos los investigados de forma conjunta y solidaria— alcanza los 2.950.980,32 euros.
Francesc Homs plantea una salida similar con un inmueble del que es titular de una unidad indivisa, tasado en 544.054,40 euros, en Taradell (Barcelona). Al igual que Mas, ya lo aportó en el caso de los gastos del 9-N, y ahora ha pedido que se acepte como garantía en este segundo caso. La cantidad reclamada a Homs es de 3.108.444,24 euros.
En cuanto al exconsejero de Economia, Andreu Mas-Colell, ha propuesto al Tribunal de Cuentas que le acepte como garantía dos inmuebles, situados respectivamente en Sabadell y en Calonge (Girona). La defensa de Mas-Colell ha hecho constar que con respecto a la primera aportaría el 50% y respecto de la segunda existe una hipoteca. Por todo ello, calcula que el valor de tasación de ambas sería de 591.338,64 euros. En todo caso, ha solicitado que se le dé algún plazo más y que no se efectúe aún ningún embargo. Al exconsejero de Economía se le reclaman 2.950.980,32 euros, la misma cantidad que a Artur Mas.
Las defensas, en paralelo, están preparando los recursos contra la resolución por la que el Tribunal de Cuentas rechazó el pasado jueves los avales presentados por el Institut Català de Finances (ICF) para asegurar los 5,4 millones de euros reclamados a los investigados. De resolver el recurso se ocupará la Sección de Enjuiciamiento, compuesta por tres magistrados. No obstante, es posible que este proceso se vea afectado por la renovación del Tribunal de Cuentas, según el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para nombrar a los 12 consejeros cuyo mandato terminó el pasado mes de julio. Salvo que el pacto se retrase, de la decisión sobre las impugnaciones que se presenten se ocuparía el tribunal una vez renovado.
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