El informe publicado el martes por el Vaticano sobre la cadena de negligencias que durante medio siglo permitieron el ascenso del cardenal abusador Theodore McCarrick en la Iglesia representa un valioso e insólito examen de conciencia. A lo largo de sus 461 páginas se desgranan las omisiones, más o menos conscientes, que cometieron obispos, nuncios y, al menos, dos de los tres papas bajo cuyo pontificado siguió prosperando un purpurado sobre el que ya pesaban denuncias, “rumores” y acusaciones. La auditoría, encargada por Francisco hace dos años a la Secretaría de Estado, constituye un cambio de paradigma en la manera de afrontar este tipo de casos desde Roma y eleva positivamente el listón de la transparencia.
La exhaustiva investigación, sin embargo, constata también la pasividad de la Iglesia en atajar una de las peores lacras que la ha corroído durante el último medio siglo. Nadie duda ya de que se miró hacia otro lado cuando había pruebas evidentes de los abusos en serie que se cometían, tal y como también ha desvelado el último informe de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales Infantiles (IICSA, en sus siglas en inglés), un organismo financiado por el Ministerio del Interior británico. Solo cuando la jerarquía eclesial, sometida al escrutinio mediático, entendió que la principal perjudicada era la propia institución, decidió cambiar el rumbo de un tratamiento deficiente.
La documentación publicada, basada en 90 entrevistas y la revisión de centenares de expedientes, no es un trabajo independiente. La Secretaría de Estado, la sala de máquinas del Vaticano, es el órgano que más cerca se encuentra del Pontífice. El resultado debe por tanto evaluarse a la luz de esta circunstancia. Aun así, el nivel de transparencia, exigencia y rigor del documento constituye un paso adelante, y las investigaciones internas son importantes. Ojalá otras instituciones afectadas por lacras similares o partidos políticos en casos de corrupción siguieran esta senda con energía.
El caso McCarrick, surgido a raíz de la denuncia de un exnuncio y arzobispo vinculado a la ultraderecha estadounidense que acusó a Francisco de encubrimiento hace dos años, será ya una referencia para el futuro. El sínodo especial, las nuevas leyes promulgadas por el Papa —especialmente la que en 2019 favoreció las denuncias— o el marcaje a los obispos desde Roma constituyen un nuevo acercamiento a la cuestión. La Santa Sede, sin embargo, sigue sin aportar recursos necesarios a departamentos clave, como la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde en el futuro tienen que producirse informes con el mismo nivel de exigencia. La Iglesia debe seguir avanzando con vigor en la senda de la transparencia, sobre lo que ocurrió, y de la prevención, sobre lo que puede ocurrir.
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