México, el país latinoamericano con más homicidios de periodistas; 90% impunes: CNDH

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, la CNDH denunció que México es el país latinoamericano con más periodistas asesinados: 148 desde el año 2000 a la fecha; 90% de los casos siguen impunes.

Con 148 asesinatos de periodistas registrados desde el año 2000, siete de ellos victimados en los primeros meses de 2019, México se coloca como el país latinoamericano con el mayor número de homicidios en este rubro, convirtiendo el ejercicio del periodismo en nuestro país como una actividad de alto riesgo.

Así lo informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se conmemora este 7 de junio.

Su presidente, Luis Raúl González Pérez, destacó que “la libertad de expresión es un derecho esencial de cualquier régimen democrático, por lo que su ejercicio pleno y libre demanda generar las condiciones adecuadas para que periodistas y medios de comunicación puedan hacer uso de la misma con seguridad”.

Conforme al último análisis realizado por la CNDH a las indagatorias relacionadas con homicidios de comunicadores, se determinó que en cerca del 90 por ciento de los casos existe impunidad, cifra que se eleva a la totalidad en los 21 casos de comunicadores desaparecidos y de los 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde 2005 y 2006, respectivamente.

“Aun cuando algunos expedientes hayan superado los plazos lógicos para una investigación, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas debe hacerse efectivo”, agregó el ombudsman.

Las entidades federativas con mayor número de homicidios de periodistas son Veracruz (22 casos), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14).

A través de un comunicado, la CNDH informó que “los estándares internacionales sobre libertad de expresión ponen énfasis en la creación de un entorno adecuado para que periodistas y medios de comunicación realicen sus actividades con plena libertad”.

“Para ello, es preciso que las autoridades ratifiquen su compromiso con estas libertades básicas, promoviendo el debate público, respetando el disenso y tomándolo como base para la construcción de consensos”.




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