El entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fue testigo de primera fila del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y de los intentos del que era su jefe, Donald Trump, de subvertir el resultado electoral de las elecciones de 2020, en que había caído derrotado ante el demócrata Joe Biden. Este jueves, Pence ha estado declarando durante horas ante el gran jurado que investiga si el expresidente cometió algún delito con su actuación de esos días, según fuentes citadas por la agencia AP y otros medios estadounidenses.
El gran jurado sirve de órgano auxiliar y de control en las investigaciones de la fiscalía. Aprueba citaciones, requerimientos e imputaciones. No tiene que decidir sobre culpabilidad o inocencia, solo tiene concluir si hay indicios suficientes de delito. Las declaraciones y deliberaciones se realizan a puerta cerrada, incluida la de este jueves, cuyo contenido no ha trascendido.
A diferencia de los jurados de los juicios que escuchan a la acusación y la defensa, los grandes jurados solo atienden a las pruebas y testimonios propuestos por el fiscal, lo que le concede una clara ventaja. Como recordó el propio Pence con motivo de la imputación de Trump en Nueva York, hay un dicho legal, cuyo autor fue un juez de Nueva York en la década de 1980, que sostiene que los fiscales pueden convencer a un gran jurado para que “impute a un sandwich de jamón”.
Ahora no es un bocadillo, es un plato de caza mayor lo que persigue Jack Smith, el fiscal especial que investiga a Donald Trump por sus intentos de subvertir el resultado electoral y por el manejo de los documentos clasificados que el FBI encontró al registrar Mar-a-Lago, la mansión de Trump en Florida. Pence, que aspira a rivalizar con su antiguo jefe en las primarias para elegir al candidato republicano a las presidenciales de 2024, ha dejado clara la incomodidad que le produce testificar.
Presentó un recurso para evitarlo, pero perdió. Sin embargo, Pence no estará obligado a declarar acerca de sus actuaciones del 6 de enero de 2021, la fecha del asalto al Capitolio. Eso resta algo de interés a su testimonio. Al ser citado por el fiscal, Pence alegó que el 6 de enero estaba ejerciendo su papel de presidente del Senado y que obligarle a declarar violaba la llamada “cláusula de expresión o de debate” que protege a los congresistas de dar cuenta de sus actuaciones parlamentarias.
Pence se negó a atender la petición de Trump de paralizar la certificación de la victoria de Biden en el Congreso aquel 6 de enero. Esa negativa a subvertir el resultado de las elecciones le valió la ira del que fuera su jefe y de sus seguidores. La turba coreaba “colguemos a Mike Pence” mientras se abría paso a la fuerza hacia el Capitolio.
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Trump también ha intentado sin éxito evitar que su exvicepresidente testifique. Esta misma semana se ha conocido que ha perdido su último recurso.
“Obedeceremos la ley, diremos la verdad”, dijo Pence en una entrevista con “Face the Nation” de CBS News que se emitió el domingo. “Y la historia que he estado contando al pueblo estadounidense en todo el país, la historia que escribí en las páginas de mis memorias, esa será la historia que cuente en ese escenario”.
Pence ha hablado en numerosas ocasiones sobre las presiones de Trump para que rechazase la victoria de Biden en las elecciones presidenciales en los días previos al 6 de enero. Pence supervisaba el recuento de votos del Colegio Electoral por parte del Congreso, pero no tenía poder para alterar los resultados, a pesar de que Trump sostenía lo contrario.
Pence nunca llegó a ser formalmente citado para declarar en la comisión de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio, aunque siempre rechazó la idea de comparecer ante ella. En su momento, señaló que la separación de poderes le permitiría evitar ese testimonio en aplicación del llamado privilegio ejecutivo.
A diferencia del testimonio en el Congreso, la alegación del privilegio ejecutivo no ha impedido que otros cargos del Gobierno hayan tenido que declarar en la investigación penal y ahora lo haya hecho Pence.
La comisión que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero recomendó juzgar a Trump por cuatro delitos: incitación a una insurrección, conspiración para emitir un falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, la votación para certificar el triunfo de Biden.
En paralelo, una fiscal de Atlanta investiga a Trump y a varios de sus colaboradores más cercanos por el intento de adulterar el resultado electoral en Georgia. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tiene previsto anunciar en los próximos meses si presenta cargos. Willis escribió una carta al jefe de policía del condado, Pat Labat, en la que le comunica que tiene previsto anunciar la decisión en el periodo que va del 11 de julio al 1 de septiembre.
“En un futuro próximo, anunciaré las decisiones de imputación resultantes de la investigación que mi oficina ha estado llevando a cabo sobre la posible interferencia criminal en la administración de las elecciones generales de Georgia de 2020″, dice su misiva, que se ha conocido esta semana.
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