La transparencia es un deber al que están obligados los poderes en democracia. Y más imperiosa es aún la necesidad de cumplir con ese deber en tiempos de emergencia, cuando la declaración de un mecanismo excepcional como el estado de alarma, aunque plenamente constitucional, suscita comprensibles cuestionamientos por la suspensión que supone de ciertos derechos y libertades.
Con mucho retraso, la ley de transparencia introdujo en 2013 en España la obligación de las autoridades de responder en plazos acotados a las preguntas sobre sus gestiones, reuniones o documentos. Durante el primer estado de alarma de la pandemia, en vigor desde el 14 de marzo, el Gobierno congeló los plazos establecidos por esta ley, lo que cegó a los ciudadanos información importante sobre actas del comité de expertos en las que el Gobierno afirmaba basar sus decisiones o los contratos de compra de material, sobre los que cayó una opacidad que combina mal con el Estado de derecho. La situación de emergencia aligeró la tramitación de contratos, pero eso no era excusa para no divulgarlos, como advirtió ya en abril la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda. La Ley de Contratación Pública obliga a ello. Y ese fue el primer aviso.
Ahora ha sido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado en 2015 para velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, el que ha denunciado la opacidad del Ministerio de Sanidad por dificultar el derecho constitucional a acceder a la información pública. Pasados los primeros meses del estado de alarma y recuperada la obligación de responder en tiempo y forma, Sanidad ha optado por el silencio en 15 de las 17 peticiones de información hechas por el Consejo. Se trata de consultas sobre las reuniones del ministro Salvador Illa y del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; sobre las compras de material; sobre protocolos de los casos en que los miembros del Gobierno pueden saltarse la cuarentena; sobre la información estadística disponible; o sobre las actas de reuniones de comités creados para luchar contra la covid.
La transparencia es un deber ante el derecho del ciudadano a conocer lo que hace la Administración pública. Y es también un componente clave de una cultura democrática que no conviene deteriorar. Máxime en una situación de alarma sanitaria que obliga a restringir las libertades. El Gobierno debe ser escrupuloso en su cumplimiento y en ningún caso regalar argumentos a quienes cuestionan, también en pleno ejercicio de sus derechos, las consecuencias no deseadas del estado de alarma. No den razones a quienes temen que el estado de alarma signifique opacidad. Por el contrario, den siempre información.
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