El pasado 22 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que volverá a solicitar una orden de aprehensión contra académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial.
A través de un comunicado, la FGR anunció que, en su nueva solicitud, explicará lo que considera un hecho delictivo patrimonial imputable a 31 académicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológicodel Conacyt, luego de que este miércoles un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negara en definitiva las órdenes de aprehensión solicitadas.
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“El Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonialque se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, enuncia el comunicado.
La Fiscalía consideró que es indispensable tener “información pública, clara y precisa” de cuál es la posición jurídica del juez de distrito en este caso.
“El juez de distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza”.
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La FGR consideró que este criterio no es aceptable, y afirmó que un estatuto interno “emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt”, no puede ir contra lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Consejo.
Ambas leyes consideran al Foro como un órgano interno del Conacyt, “y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica”.
La denuncia inicial fue interpuesta el 10 de julio de 2020 por la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por el presunto uso ilegal de 50 millones de pesos otorgados durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La FGR había solicitado la detención de los científicos por el presunto uso indebido de recursos, peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada.
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Entre los académicos señalados se encuentra el director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, (2013-2018), así como la directora del Foro Consultivo entre 2018 y 2020, Julia Tagüeña Parga; Gabriela Dutrénit Bielous, profesora de la UAM Xochimilco; y Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la UAM.
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