La polémica sobre las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que en una entrevista el pasado domingo comparó a Carles Puigdemont con los exiliados republicanos durante el franquismo, no amaina. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se ha desmarcado este martes de las afirmaciones del líder de Unidas Podemos y ha dejado clara la posición del Gobierno: “España es un Estado social y de Derecho y estamos ante una democracia plena. Los exiliados republicanos lucharon y defendieron la legalidad vigente, y eso es importante. Otros la quebrantan”, ha zanjado en referencia al expresident de la Generalitat.
Las declaraciones de Iglesias llegan mientras el Parlamento Europeo está debatiendo si levantar la inmunidad a Puigdemont para que sea entregado a España y sea juzgado. El líder independentista se ha opuesto a esta posibilidad, alegando que España no es una auténtica democracia y ha anunciado que utilizará las palabras de Iglesias para reforzar su tesis.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha dejado claro que la situación de Puigdemont no es equiparable a la de los republicanos que dejaron España huyendo de las represalias del franquismo. Ha defendido que el Gobierno desde el primer momento ha querido “recuperar la dignidad de los exiliados republicanos” en varias maneras, como con la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019.
La ministra no ha querido pronunciarse sobre si el PSOE debe apoyar en el Congreso la reprobación del vicepresidente que ha pedido Ciudadanos a través de una proposición no de ley registrada este martes. Montero ha argumentado que “no le corresponde a la mesa del Consejo de Ministros poner en valor la actitud que van a adoptar diferentes partidos en relación con cuestiones que se pueden suscitar en ese entorno”. Y ha añadido: “Corresponde a los grupos parlamentarios cualquier decisión que sea a raíz de una iniciativa que presente cualquier formación en el marco del Congreso”.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo estudia levantar no solo la inmunidad del expresidente de la Generalitat sino también de sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, que huyeron a Bélgica en 2017 y que actualmente gozan de protección como europarlamentarios desde que tomaron posesión de sus actas a principios de 2020. El Tribunal Supremo envió el suplicatorio a la Eurocámara para reclamar a los fugados y serán los parlamentarios europeos los encargados de decidir si los tres políticos independentistas podrán ser juzgados o no. El proceso, que se reactivó en noviembre, no se resolverá antes de marzo.
A la oleada de críticas de la oposición y de su socio de Gobierno, el PSOE, se ha sumado también el malestar de varias asociaciones memorialistas que han censurado el vicepresidente segundo por sus afirmaciones. Sin embargo, Pablo Iglesias ha evitado este martes rectificar sobre la polémica: “Claro que los contextos históricos son diferentes, pero yo no me voy a sumar a la criminalización del independentismo, ni vasco ni catalán”, ha respondido a preguntas de los periodistas. “Si alguien en este país ha maltratado la memoria de los antifascistas, de los republicanos y de los exiliados españoles son los que ahora tratan de decirnos a nosotros que estamos comparando cosas diferentes”, ha concluido.
Source link