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La Comisión Europea ha debatido en su reunión semanal de este miércoles las fórmulas para poner en marcha el ansiado fondo de recuperación contra la pandemia sin contar con Hungría ni Polonia. El plan, según fuentes comunitarias, permitiría esquivar el veto de Hungría y Polonia a los presupuestos de la UE y financiar los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación dentro del marco presupuestario en vigor y repartirlo entre los países que deseen participar. Las fórmulas sobre la mesa son arriesgadas políticamente, porque visualizarían el aislamiento de Hungría y Polonia dentro del club. Pero el organismo comunitario asegura que desde el punto de vista técnico “se pueden aplicar rápidamente”. La amenaza de condenar al ostracismo a esos dos países llega a una semana de la cumbre europea del 10 y 11 de diciembre en la que Bruselas todavía espera que húngaros y polacos levanten su veto.

Los dos socios mantienen bloqueado el acuerdo del marco presupuestario para 2021-2027 y la creación del fondo anticrisis. Intentan así impedir la aprobación del nuevo reglamento que condiciona las ayudas comunitarias al respeto al Estado de derecho. Pero ni el Consejo de la UE ni el Parlamento Europeo parecen dispuestos a renunciar a un reglamento que permitirá suspender aportaciones a los países comunitarios donde la fragilidad del Estado de derecho ponga en peligro los intereses financieros de la Unión.

Alemania, país que preside durante este semestre el Consejo de la UE, busca entre bambalinas un posible acuerdo con Budapest y Varsovia que permita desbloquear la situación en la cumbre de la próxima semana. Pero la Comisión prepara ya vías alternativas para aprobar el fondo de recuperación ante el riesgo de que se mantenga el veto de los Gobiernos de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki.

Tras la reunión de la Comisión, fuentes comunitarias se han mostrado convencidas de que “la solución se puede encontrar y se puede aplicar rápidamente”. Las mismas fuentes añaden que “la Comisión está convencida de que la ruta alternativa permite replicar exactamente los 750.000 millones de euros del fondo [de recuperación] y proceder a los desembolsos en el calendario previsto”.

Los países participantes en este esquema deberían decidir, en ese caso, si empequeñecer el fondo restando el montante equivalente a las partidas previstas para Hungría y Polonia; o si, de lo contrario, se reparten esas cuantías (en teoría correspondientes a estos dos países) entre el resto.

Bruselas confía en que la cumbre europea de la próxima semana (10 y 11 de diciembre) resuelva el conflicto y permita poner en marcha el histórico acuerdo alcanzado en julio, cuando se pactó un marco presupuestario de más de un billón de euros y un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros financiado con deuda europea.

El bloqueo de Varsovia y Budapest afecta a todas las cuentas comunitarias y pone en peligro incluso la aprobación de un presupuesto anual ordinario para 2021. La Comisión Europea ha iniciado este miércoles también los preparativos para operar el año que viene con un presupuesto prorrogado, lo que obligaría a paralizar la financiación de numerosos programas y a trocear los pagos del resto en doceavas partes mensuales. Los Estados recibirían mucha menos financiación comunitaria a partir del 1 de enero y Bruselas desembolsaría las ayudas del próximo año mes a mes hasta que disponga de un nuevo presupuesto anual.

Fuentes de la Comisión advierten de que esa fórmula supondría una caída del gasto de 25.000 o 30.000 millones de euros, con especial incidencia en los fondos estructurales, en los programas de investigación y en la gestión de fronteras. Las famosas becas Erasmus para cursar estudios universitarios fuera del país de origen también quedarían inmediatamente suspendidas.

A pesar de las dificultades, la Comisión no se muestra dispuesta a permitir que Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki condenen a la UE al marasmo presupuestario en medio de la grave crisis provocada por la pandemia de la covid-19 y con la posibilidad de mayores turbulencias económicas por la salida definitiva del Reino Unido del mercado europeo el próximo 31 de diciembre.

El organismo comunitario planea ya una puesta en marcha del fondo de recuperación “dentro del ordenamiento legal comunitario y con la participación de los países que lo deseen”. Bruselas solo descarta la posibilidad de utilizar un acuerdo intergubernamental para sortear el veto, fórmula defendida por países como Francia y que se utilizó durante la crisis del euro para crear el Mecanismo Europeo de Estabilidad. “Obligaría a volver a la casilla de salida de la negociación y, además, obligaría a los países a aportar financiación y aumentar su deuda, lo cual no conviene en estos momentos”, señalan fuentes la Comisión.

El organismo presidido por Ursula von der Leyen es partidario de que el fondo se apruebe y gestione dentro del procedimiento presupuestario habitual y sobre la base de los artículos del Tratado (como el 122) que permiten desarrollar mecanismos de asistencia financiera a los Estados miembros. Una de las fórmulas posibles pasaría por la aportación de avales nacionales para permitir a la Comisión emitir deuda en los mercados y financiar las ayudas a todos los países involucrados.

Fuentes de la Comisión añaden que las normas en vigor ofrecen margen suficiente para poner en marcha el fondo de recuperación. En concreto, la llamada Decisión de Recursos Propios, que fija el techo de financiación de la UE, permitiría la emisión de deuda necesaria para el fondo. En julio se pactó elevar los recursos propios del 1,20% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE al 1,40% y, de manera temporal, hasta el 2%, con el objeto de disponer de holgura suficiente para la emisión de deuda y de un respaldo financiero mayor para su colocación en los mercados. Pero Budapest y Varsovia también mantienen bloqueada esa ampliación, por lo que el fondo se tendría que financiar con los límites vigentes.


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