Pese a los tropiezos que sufrió la Fiscalía de Chihuahua en el arranque del juicio oral contra Alejandro Gutiérrez, la defensa del empresario priista olvidó combatir la falta de comprobantes de los servicios prestados.
Por Juan Omar Fierro
La defensa del ex Secretario General Adjunto de la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, olvidó combatir una de las pruebas principales de la Fiscalía General de Chihuahua en el arranque del juicio oral que se le sigue: no existen comprobantes ni “entregables” de ningún tipo por los servicios que presuntamente prestaron las empresas Jet Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral al gobierno estatal.
En la audiencia celebrada el pasado martes para juzgar a Gutiérrez Gutiérrez por el delito de peculado agravado, la Fiscalía de Chihuahua presentó como su primer testigo al Director Jurídico y de Responsabilidades de la Secretaria de la Función Pública estatal, Gregorio Daniel Morales Luévano, funcionario encargado de presentar la denuncia penal derivado de las anomalías que detectó en dos contratos “simplificados”.
El funcionario chihuahuense advirtió que no existen documentos, fotografías u otro tipo de evidencia para acreditar que las empresas ligadas a Gutiérrez y a su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez, cumplieron con los servicios que cobraron, por lo que se trata de pagos injustificados.
La falta de entregables, como se conoce a los comprobantes que las empresas contratistas deben entregar a los gobiernos cuando han prestado un servicio o han realizado cualquier tipo de obra pública, es uno de los pilares del juicio por peculado agravado que se instruye contra el ex integrante de la dirigencia tricolor, Alejandro Gutiérrez.
Al empresario originario de Coahuila se le imputa un presunto desvío de un millón 740 mil pesos de recursos públicos, dinero que se habría usado para financiar campañas electorales del PRI, simulando servicios y obra pública por parte de las empresas Jets Combustibles, de la que Gutiérrez es accionista, y Promotora de Señalamiento Integral, vinculada a su hijo.
En la audiencia celebrada el pasado martes, el Director Jurídico y Responsabilidades de la Secretaría estatal de la Función Pública (SFP), Gregorio Daniel Morales Luevano, expuso el contenido de la denuncia penal.
“Que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, junto a diversos servidores públicos y personas externas, repartiéndose roles y actividades, entre el 20 y 23 de diciembre del 2015, en éste municipio de Chihuahua, concertaron y efectuaron la distracción del dinero del erario, el cual estaba destinado a fines públicos”, señala el escrito de acusación.
Las anomalías que la defensa de Alejandro Gutiérrez no respondió
Debido a que el funcionario de Chihuahua consideró una irregularidad que el procedimiento de contratación, adjudicación y pago de las obras y servicios a las empresas de este caso se realizó en un plazo de tan solo tres días, cuando normalmente implica varias semanas de trabajo, la defensa de Gutiérrez cuestionó que la Función Pública haya validado y presentado la denuncia penal también en un solo día.
Sin embargo, en la audiencia también se presentaron otros dos argumentos que los abogados defensores del ex integrante de la dirigencia nacional del PRI no objetaron, entre ellos, que se violó la Ley de Adquisiciones Públicas mediante le asignación de “contratos simplificados” que no existen en la normativa y, principalmete, la falta de entregables o comprobantes para el pago del contrato.
El Director Jurídico de la Función Pública de Chihuahua advirtió durante su comparecencia que “la parte más importante” de lo que calificó como “irregularidades” fue la falta de evidencia de los servicios prestados por parte de Jets Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral.
Ante la carencia de comprobantes para acreditar que ambas empresas cumplieron con las obras y servicios prestados, “es que se decidió interponer la denuncia, aunado a que había violaciones a la Ley de Adquisiciones para hacer las contrataciones, puesto que no existe la figura del contrato simplifcado en esa norma”.
El funcionario agregó que en el caso de Promotora de Señalamiento Integral recibió un pago de 904 mil 579 pesos para que realizara mantenimiento general de un edificio del gobierno de Chihuahua, así como para la impermeabilización y mantenimiento del aire acondicionado dentro del mismo.
Pero el gobierno de Chihuahua no encontró fotografías, facturas de los gastos ni ningún otro comprobante de que esos servicios se hayan realizado, por lo que no procedía el pago correspondiente.
Por lo que se refiere a Jets Combustibles, la Función Pública y la Fiscalía de Chihuahua no hallaron evidencia ni comprobantes de que un grupo de servidores públicos haya volado en los días señalados en el contrato y tampoco se encontraron oficios para acreditar la comisión de los funcionarios que supuestamente viajaron en avión.
Sobre los servicios no prestados por la empresa de aviación, el propio Alejandro Gutiérrez reconoció en entrevista posterior a la audiencia que estos no se prestaron, pero advirtió que en lugar de una denuncia penal, lo que procede es que el Gobierno de Chihuahua haga uso de las horas de vuelo pendientes, pese a que haya vencido el contrato.
Estos argumentos forman parte de las imputaciones contra Alejandro Gutiérrez y partir de este jueves que se reanuda el juicio penal que se le instruye por el delito de peculado agravado, podrían ser cuestionados y desacreditados por sus abogados defensores que al menos en la primera audiencia, no los combatieron.
Otro punto álgido que se prevé durante el juicio son los testimonios que rindieron tres testigos de identidad reservada. Ex funcionarios del gobierno de Chihuahua, dos de ellos fueron sentenciados reconocieron su responsabilidad en los hechos de presunta corrupción que se investigan y fueron sentenciados mediante un procedimiento abreviado.
La defensa ha adelantado que objetara la credibilidad de dichos testimonios, cuestionamientos que podrían darse este mismo día.