El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, analiza la reforma del 12 de abril de 2019 que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. En su evaluación, destaca que el artículo cuarto transitorio de dicha reforma establece que se deberá de realizar una evaluación exhaustiva de la eficacia de esta medida y la eficiencia del sistema penal acusatorio. Sin embargo, hasta la fecha, no se han cumplido con los requisitos necesarios para llevar a cabo esta evaluación de manera integral y rigurosa. Ante la falta de cumplimiento de estas medidas de evaluación, Cossío opina que no se debe responsabilizar a los jueces si deciden acatar la orden de la CIDH, ya que hubo una omisión grave por parte de las autoridades legislativas, administrativas y de procuración de justicia en este asunto.
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