La explosión de un dispositivo nuclear en la base militar rusa de Nionoksa, en el norte europeo del país, puede plantear controversia sobre el tipo de ingenio sometido a experimentación (un misil activado por energía nuclear como versión más verosímil) y está rodeado de incógnitas como el nivel de la radioactividad, el tipo de isótopos emitidos e incluso el número de muertos.
A partir de los datos fragmentarios y en ocasiones contradictorios facilitados, el accidente constata que de nuevo se ha impuesto la tradición de la mentira y la desinformación heredadas de la URSS. Esta tradición caracteriza aún hoy las relaciones entre los dirigentes y la sociedad en Rusia, especialmente en asuntos militares. La indiferencia por la salud de los ciudadanos —incluidos los médicos civiles que atendieron a los heridos en el accidente sin ser advertidos de la existencia de radiación— indica que los rusos siguen siendo tratados como combustible para una idea de Estado a la que todo debe sacrificarse. Pero la tradición de indiferencia y el enfoque instrumental de la vida humana son más peligrosos para los mismos rusos que para la población de los países contra los cuales van dirigidas las armas en fase de actualización o experimentación. Si de esto último se trata, cabe indagar sobre los riesgos de la prisa para desarrollar nuevas tecnologías.
En la URSS las autoridades ocultaban a la población los peligros a los que estaba expuesta por su proximidad a instalaciones militares. Las enfermedades oncológicas se dispararon en el entorno del polígono de Semipalatinsk (Kazajistán), donde en 1949 hizo explosión la primera bomba nuclear soviética y donde hasta 1989 se realizaron 456 pruebas atómicas, de ellas 116 atmosféricas.
El accidente en Nionoksa obliga a insistir en los peligros reales para la humanidad derivados del desmantelamiento de la red de tratados bilaterales con la que las dos principales potencias nucleares dieron por concluida la Guerra Fría. El Tratado sobre Armas de Alcance Corto y Medio (INF por sus siglas en inglés), firmado por los presidentes Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov en 1987, ha sido denunciado por ambas partes, que se acusan mutuamente de incumplirlo, y el tratado de reducción de armas estratégicas ofensivas de 2010 —el nuevo START, que fue una esperanza de evitar una nueva carrera de armamento pese a las divergencias— expirará en 2021 si no se remedia. El fin de los tratados de control nuclear introduce incertidumbres en la evaluación de los riesgos —al cesar las inspecciones militares mutuas—, es un ejemplo perverso y también un incentivo para las potencias empeñadas en tener sus propios arsenales.
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