El fútbol femenino vuelve a tener una nueva polémica; la tercera prácticamente consecutiva que se suma al importe fijado por las tarjetas para los clubes de la nueva competición profesional o el correspondiente al balón de la competición después de que las colegiadas incluyan en sus actas que la nueva liga profesional femenina se está jugando con una balón PUMA, la marca firmada por la LPFF, y no con la marca deportiva que tiene el estamento federativo para sus dos competiciones de la Copa de la Reina y Supercopa de España.
En esta ocasión tiene que ver con el recibo arbitral. Según ha podido saber este periódico, la pasada semana la RFEF ha enviado una comunicación a los clubes con los costes por los encuentros disputados en el mes de septiembre. Mes donde se disputaron tres jornadas después de que se tuviera que suspender la primera jornada del 10 y 11 de agosto por la huelga arbitral.
Pues bien en esta comunicación federativa fija el coste arbitral para el equipo local (que es quien asume estos gastos) de casi 15.000 euros.
Una cantidad que ha provocado una total sorpresa porque no responde a lo pactado hace ahora un mes con motivo del acuerdo sobre el nuevo sueldo de las colegiadas y asistentes del fútbol femenino y que se hizo público el pasado 15 de septiembre. Ese día (además del nuevo sueldo de 1.066 euros por partido para la colegiada, 1.006 para la asistente y 250 para la cuarta árbitra) se fijó en 4050 euros los costes arbitrales por partido en esta nueva liga profesional femenina. Una cuantía que implica un incremento de casi 1000 euros respecto a los 3.300 euros que se pagaban la temporada pasada, la última que no era competición profesional. Pero nunca la cuantía económica que les ha comunicado el estamento federativo. Porque esto implica que cada club tendría que pagar cerca de 225.000 euros por tema en esta materia que corresponde a los 15 de los 30 de la competición que juegan en casa. Cantidad que está muy lejos de los 60.750 euros que se pactó pagar en esta materia por estos quince encuentros.
Nueva polémica que, como ha venido sucediendo en los últimos meses en todas las cuestiones relativas a las relaciones entre la RFEF y la LPFF, tiene que resolver el CSD. Más cuando está recogido en este acuerdo firmado hace poco más de un mes donde además se acordó que el CSD aporta 350.000 euros al año para un fondo mutual para cuando las árbitras finalicen su carrera y otra partida idéntica que la RFEF destina a los clubes para ayudar a pagar los nuevos sueldos arbitrales. Así pues tendrá que ser el Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, quien tenga que intervenir para resolver este nuevo conflicto en la nueva liga profesional femenina.