Las Agencias de la ONU en México subrayaron que la Constitución establece que la educación debe contar con un enfoque de derechos humanos y que la educación sexual y reproductiva debe formar parte de los planes de estudio.
Las representaciones en México de la Organización del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidieron al Congreso de Aguascalientes modificar el contenido de las reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la recién promulgada Ley de Educación del Estado.
Lo anterior, tras expresar su preocupación por las reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Aguascalientes y la recién promulgada Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, en relación al denominado “pin parental” y la aparente permisividad del castigo corporal.
El Congreso de Aguascalientes aprobó y promulgó a finales de mayo una serie de reformas a la Ley de Educación del Estado, entre las cuales se contempla que los padres puedan decidir sobre los contenidos educativos que sus hijos reciben en las escuelas y en su caso, restringir la impartición de temas como la sexualidad, dando pie así al “pin parental”
“Con pleno respeto a la autonomía y facultades de los poderes públicos nacionales y estatales, las agencias de las Naciones Unidas alientan a revisar la constitucionalidad de estas reformas a la luz de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y al Congreso del estado de Aguascalientes a que, de manera proactiva, pueda revisar y, en su caso, modificar el contenido de estas disposiciones en línea con los compromisos internacionales del Estado mexicano en la materia”, expresaron las Agencias de la ONU en México.
En un pronunciamiento público, las Agencias de la ONU en México señalaron que al proponer que madres, padres o tutores puedan prohibir que niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad participen en programas, cursos, talleres y otras actividades sobre moralidad, sexualidad y valores cívicos, se vulneran los derechos de la infancia a la salud, protección contra la violencia y participación.
“La Constitución Política Mexicana establece que la educación debe contar con un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, y que la educación sexual y reproductiva debe formar parte de los planes de estudio, en concordancia por lo recomendado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y por el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado mexicano”, expresaron.
Si bien los adultos tienen la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo de las niñas y los niños bajo su tutela, enfatizaron que esa responsabilidad no es discrecional ni absoluta, sino que está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plena y prioritariamente sus derechos.
“De acuerdo con el artículo 29 de la Convención y el 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, independientemente de las consideraciones éticas o morales de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia, los propósitos de la educación deben asegurar, proteger y dar a conocer a niñas, niños y adolescentes sus derechos y la forma de ejercerlos”, apuntaron las agencias de la ONU.
Además, subrayaron que el Estado tiene la obligación de garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a servicios, información y educación, incluso en materia de salud sexual y reproductiva, sin verse obstaculizados por el consentimiento o autorización de terceros.
Las agencias de las Naciones Unidas también expresaron su preocupación por la aparente permisividad y discrecionalidad que establece la legislación estatal de Aguascalientes para que padres, madres y cuidadores puedan ejercer violencia contra niñas, niños y adolescentes como método de disciplina, contraviniendo a las disposiciones y principios más fundamentales de la Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos que protegen la dignidad e integridad de todas las personas, independientemente de su edad o cualquier otra consideración.
“Toda forma de violencia contra la infancia es inaceptable, por leve que sea, y tiene repercusiones físicas, psico-emocionales y relacionales a corto y largo plazo. El Estado, a través de los gobiernos estatales, municipales y federal, tiene la obligación de combatir y eliminar la violencia contra niños, niñas y adolescentes”, agregaron las agencias de la ONU.
Adicionalmente, las agencias recordaron que el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a México prohibir explícitamente, en la legislación y los programas públicos, el castigo corporal y los tratos humillantes contra niñas, niños y adolescentes en todos los entornos, incluidos los métodos de educación ejercidos por los adultos responsables de su cuidado.
Por lo anterior, las agencias de la ONU llamaron al Congreso de Aguascalientes a que revise y, en su caso, modifique el contenido de estas disposiciones en línea con los compromisos internacionales del Estado mexicano en la materia.