Se le complican las cosas al expresidente Donald Trump en sus frentes judiciales. A la espera de que el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, decida si presenta cargos contra él por un pago irregular a una actriz porno, en Washington los tribunales han dado este miércoles un paso que acerca un poco más la posibilidad de otra imputación. Ésta, en el caso que se le sigue al magnate por su manejo de documentos clasificados.
Un tribunal de apelaciones en el circuito federal de Washington ha decidido que los abogados de Trump Evan Corcoran y Jennifer Little deben testificar ante un gran jurado y proporcionar documentos relacionados con su cliente. Con esta decisión, la corte ha dado la razón al fiscal especial que investiga el caso, Jack Smith, y ha descartado los argumentos de los representantes del expresidente, que pedían que no se obligara al letrado a declarar. Corcoran podría presentarse ante el gran jurado este mismo viernes, según ha apuntado la cadena de televisión CNN.
El caso atañe a los miles de documentos clasificados, relacionados con la presidencia de Trump, que el expresidente mantuvo en su poder una vez terminado su mandato. Las leyes estadounidenses obligan a los mandatarios a preservar los documentos oficiales que manejan en ejercicio de su cargo, y a entregarlos a los Archivos Nacionales para su conservación una vez abandonan el poder.
Trump, en cambio, se quedó con una buena cantidad de papeles oficiales, incluidos centenares con el sello que los declaraba clasificados. El año pasado, sus abogados entregaron en su nombre y voluntariamente una docena de cajas a los Archivos Nacionales, incluidos unos doscientos documentos confidenciales. En mayo, los fiscales emitieron una orden oficial de devolución de cualquier material clasificado que aún pudiera permanecer en poder del expresidente. En junio, Corcoran entregó a Justicia otro grupo de papeles oficiales y una declaración formal de que, tras un registro en la residencia de Trump en Florida, Mar-a-Lago, no se había encontrado ningún otro material indebido. Pero en agosto, agentes del FBI legitimados por una orden judicial registraron Mar-a-Lago. Se llevaron 32 cajas de documentos.
La investigación que desarrolla el fiscal especial Jack Smith por encargo del Departamento de Justicia trata de determinar si Trump se quedó con esas cajas a sabiendas, y si el expresidente o gente relacionada con él obstruyó a la Justicia al no obedecer los requerimientos.
Smith había solicitado que Corcoran entregase una serie de documentos en torno a cómo el expresidente había manejado el material confidencial encontrado en su poder y que declarase ante el gran jurado que examina el caso. Las leyes estadounidenses protegen la confidencialidad entre un abogado y su cliente, pero contemplan una excepción en el caso de que existan sospechas de que esa relación pueda estarse utilizando con fines delictivos.
Únete para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
El pasado viernes, la juez del distrito de Washington Beryl Howell dictaminó que Corcoran debía testificar por segunda vez ante el gran jurado. En la primera ocasión, el letrado se había acogido al principio de confidencialidad para rechazar contestar a varias de las preguntas que le hicieron los fiscales. Esta vez, Howell consideró que los fiscales habían demostrado que había indicios suficientes como para anular ese principio. Según la cadena de televisión ABC, la primera en informar de estos acontecimientos, la jueza considera que Trump ocultó a sabiendas a su abogado que guardaba más material confidencial.
Los abogados de Trump apelaron, en unos días complicados para el expresidente. Este fin de semana, el mandatario había anunciado en las redes sociales que el martes se le presentarían cargos y quedaría detenido en el caso que le sigue el fiscal Alvin Bragg de Manhattan por el pago de 130.000 dólares que el antiguo abogado personal y factótum del magnate, Michael Cohen, había hecho a la actriz de cine porno Stormy Daniels para comprar su silencio en 2016, en plena campaña presidencial. Aún está pendiente de conocerse si, finalmente, se presentarán cargos contra él en ese frente judicial y el antiguo inquilino de la Casa Blanca se convertirá en el primer expresidente imputado en la historia del país.
A partir de ahí, todo se ha desarrollado con una velocidad insólita en Washington y en los tribunales federales. El martes, una corte de apelaciones de tres magistrados en la capital de EE UU ordenó a las partes -al fiscal especial y a los abogados de Trump- que presentaran sus alegatos en cuestión de horas. El plazo expiraba este martes a las seis de la mañana, hora local.
Cumplieron. Los representantes legales del expresidente entregaron sus argumentos en un archivo de 6.455 palabras. Pero en la tarde del miércoles, el tribunal de apelaciones emitió su decisión: no aceptaba los argumentos de los abogados de Trump. Se mantenían, por ende, los de los fiscales del Departamento de Justicia. El principio de confidencialidad quedaba cancelado: Corcoran y Little debían declarar y presentar sus documentos, incluidas grabaciones, ante el gran jurado.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.