Un paciente del Hospital General (HG) Tacuba de la Ciudad de México murió debido a negligencias y omisiones en que incurrieron seis personas servidoras públicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 38/2023, luego del análisis lógico-jurídico de las evidencias recabadas en seguimiento de una denuncia interpuesta el 2 de julio de 2019.
De acuerdo con la denuncia, la víctima ingresó al servicio de Urgencias del HG Tacuba el 26 de noviembre de 2018, con diagnóstico de reflujo gastro esofágico de larga evolución, hernia hiatal y gastritis crónica.
Por estos padecimientos, la víctima fue sometida a un tratamiento quirúrgico para el reflujo ácido estomacal conocido como funduplicatura laparoscópica, del cual se reportó sin incidentes; sin embargo, la médica anestesióloga no corroboró las horas de ayuno del paciente, lo que le provocó una broncoaspiración pulmonar con restos de alimentos.
En los días subsecuentes a la intervención quirúrgica, la víctima presentó complicación pulmonar, dificultad respiratoria, hipertensión arterial, taquicardia y estertores. El cuadro clínico se agravó por choque séptico, sepsis pulmonar, neumonía, insuficiencia respiratoria y cardiaca, además de severo daño renal, lo cual no fue atendido oportunamente por el personal médico, teniendo como desenlace el fallecimiento del paciente por falla orgánica múltiple el 9 de diciembre de 2018.
La CNDH acreditó la negligencia y omisiones en que incurrieron los seis servidores públicos del Hospital General Tacuba, por lo que solicitó al director general del ISSSTE, Pedro Mario Zenteno Santaella, que proceda a la inmediata reparación integral del daño causado a la víctima y víctimas indirectas del caso, proporcionando la atención psicológica y tanatológica que requieran.
Asimismo, deberá colaborar con la CNDH en la presentación de la denuncia administrativa que se haga ante el Órgano Interno de Control del ISSSTE para determinar las responsabilidades de las seis personas servidoras públicas y se coadyuve en el seguimiento de la Carpeta de Investigación que existe en la Fiscalía General de la República por la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito.
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