El malestar social se agudiza en la ciudadanía española con causas justificadas y múltiples ángulos de incertidumbre material, económica y a veces de pura subsistencia, como en algunos sectores duramente golpeados por el incremento del precio de la energía y los primeros efectos de la guerra de Ucrania. La cumbre de presidentes autonómicos y del Gobierno, reunidos en la isla de La Palma hace 10 días, se adelantó a las dificultades que afronta el país y fue capaz de poner a un lado las siglas para alcanzar un resultado histórico: el voto unánime de los presidentes sobre la respuesta de España al impacto económico de la invasión de Ucrania.
Fue un éxito compartido entre los dos socios del Gobierno y los gestores del resto de administraciones, y eso incluye al primer partido de la oposición, el PP, así como a los nacionalismos catalán y vasco y al regionalismo cántabro. Eran cuestiones difíciles, como la actuación del Ejecutivo en la UE para modificar el sistema de precios comunitario sobre la energía y la intensificación de las rebajas fiscales posibles a nivel doméstico. La nueva actitud conservadora se encarnó en el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien este lunes obtuvo una aplastante mayoría de votos de militantes y afiliados como candidato único a la presidencia del PP, y prefiguró en La Palma una oposición firme pero leal al Gobierno, en la pauta de las democracias cristianas europeas más respetables. Esa posición política nutrió las mejores expectativas para una etapa menos polarizada y más comprometida con una agenda social urgente. Por desgracia, algunos hechos posteriores han venido a desmentirla.
La Declaración de La Palma obliga a todos a trabajar “conjuntamente”, a “respaldar al Gobierno” ante las próximas cumbres europeas y a ir “configurando” progresivamente, “a través del diálogo”, medidas de rebaja fiscal que amortigüen el impacto de los precios de la energía sobre familias y empresas. Menos de 24 horas después, el presidente gallego vulneró letra y espíritu de la declaración al explicar, en tono impostado, que el Gobierno “se está forrando” con el aumento de la luz y de la gasolina. La aseveración es doblemente falsa. Primero, porque buena parte de los ingresos tributarios por la energía no nutren sobre todo a la Administración central, sino especialmente a las autonómicas: así ocurre con el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, con el 100% de la recaudación por el impuesto sobre la electricidad, con el 50% del IVA y con el 58% del impuesto especial sobre hidrocarburos. Según Feijóo, el Gobierno tampoco había modificado la presión fiscal sectorial, cuando en junio de 2020 rebajó los tipos del impuesto especial a la electricidad del 5,11% al 0,5%, del IVA (del 21% al 10%) y del impuesto a la generación eléctrica, del 7% al 0%. Estas reducciones se han prorrogado hasta hoy y tuvieron en ciertos casos que negociarse con Bruselas, como sucede con el precio de las gasolinas.
Romper la baraja a las pocas horas de repartida es impropio de jugadores confiables. El enfoque populista que adoptó Feijóo sobre las reducciones fiscales —porque la gente “no llega a fin de mes”, dijo— y la complicidad del PP con los desmanes del boicot salvaje que algunos camioneros practican contra el suministro de alimentos y otros productos de primera necesidad está lejos del acuerdo solemne de La Palma.
La complicada situación actual va a exigir de todos un compromiso que excluya el partidismo y eluda el exabrupto populista y la tentación de rentabilizar un malestar social. En primer lugar al Gobierno y a los dos partidos que lo integran, pero en segundo lugar al principal partido de la oposición, habrá que exigirles la cintura necesaria para acuerdos ambiciosos que permitan a la ciudadanía reconocer un potente frente común —un pacto de Estado— que mitigue la catarata de maldiciones que ha vivido esta sociedad en los últimos años.
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