Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD) señala el “Plan B” electoral se perfila como la reforma electoral más impugnada en el Poder Judicial.
Lo anterior, debido a “la premura con la que fue aprobada por el Congreso, pero también por sus alcances y posibles repercusiones en el diseño institucional para organizar elecciones en el país”.
El documento titulado “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)” señala que la reforma busca modificar el 43% de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En total, se modificarían 214 artículos de los 493 que conforman a esta ley. De igual forma se agregarían 64 artículos y se derogarían 38.
De la Ley General de Partidos Políticos, la reforma plantea la modificación de 42 de los 97 artículos, es decir el 43.2%. A su vez, se agregarían 15 numerales y se derogarían dos.
Por otro lado, de los 233 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se reformarían 6 artículos, es decir, 2.5% de la legislación, y se aumentarían seis numerales.
El ‘Plan B’ electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se compone de dos paquetes, uno con reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que entró en vigor el 27 de diciembre de 2022.
El otro paquete incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En éste se plantea la reestructuración y compactación del Instituto Nacional Electoral (INE) y actualmente está en espera de ser discutido y, en su caso, aprobado por el Senado.
En contra del primer paquete, hasta el 1 de febrero se han presentado un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores, así como una controversia constitucional por parte del INE.
De acuerdo con la investigación del Senado, se espera que la segunda parte de la reforma “motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales, pues todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental adelantaron que harían lo mismo con las reformas a normas electorales que tocan la estructura y funcionamiento del INE”.
“El estudio del IBD considera que la SCJN deberá resolver constitucionalidad y validez del Plan B antes de junio de este año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024″, señala el Senado en un comunicado.
“Para invalidar el Plan B se requeriría que una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros de la Corte voten en ese sentido”, apunta el estudio del Senado.
La disputa por las reglas electorales
El estudio publicado por el Senado recopila algunos de los argumentos a favor y en contra de la Reforma Electoral.
Morena ha señalado que con la reforma electoral se podrán ahorrar 3 mil millones de pesos, lo que estaría de acuerdo con la política de austeridad republicana impulsada por el presidente López Obrador.
A su vez, el Partido del Trabajo (PT) afirma que las modificaciones van a “limpiar al INE para continuar con la Cuarta Transformación” y terminarán con los “despilfarros y los sueldos exorbitantes“.
Por otro lado, la oposición argumenta que el “Plan B” es anticonstitucional y representa una reforma regresiva en materia electoral.
“Se dañan profundamente las capacidades de la autoridad electoral, desmantelando la estructura distrital del INE, ampliando los márgenes de impunidad de los delincuentes electorales y cooptando los instrumentos del INE”, señala Movimiento Ciudadano.
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“La reforma violenta la competencia, la equidad en la contienda, y el único que se beneficia es el partido en el poder” agrega a las críticas el Partido Acción Nacional (PAN)
(Con información de Brandon Celaya y Aristegui Noticias)
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