El Juzgado de Distrito Décimo Primero en materia administrativa en la Ciudad de México admitió una demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República por la omisión de crear el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), el cual debió comenzar a operar en enero de 2019.
La demanda de amparo fue presentada el pasado 31 de diciembre de 2021 por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, informó este miércoles el Centro Prodh.
Montoya, acompañada por el Centro Prodh, interpuso la demanda para que el Poder Judicial pueda evaluar el incumplimiento por parte de la FGR.
Con ello, Montoya reclama diversas afectaciones a su derecho a la verdad y justicia ocasionadas por la falta de creación y operación del BNDF. Además del impacto en las familias, las deficiencias en el ámbito forense también dificultan la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas.
En un comunicado, el Centro Prodh explica que la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, publicada en noviembre de 2017, ordenó la creación de diversas instituciones y mecanismos para afrontar la grave crisis de desaparición de personas en el país, entre ellos la creación y puesta en operación del BNDF, que debe concentrar la información forense con fines de identificación, incluyendo la genética, de los registros de las entidades federativas y de los federales, así como del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.
La omisión en la que ha incurrido la FGR al no crear las referidas herramientas tecnológicas en los tiempos ordenados por la Ley impide avanzar en la identificación de personas en cada una de las investigaciones seguidas por este delito.
“La FGR es la institución responsable de la creación y operación del BNDF, que debió comenzar a operar en enero de 2019, al cumplirse un año de la entrada en vigor de la Ley General. Al día de hoy, sin embargo, dicho banco continúa sin existir”, sostiene el Centro Prodh.
La omisión de la FGR ha sido advertida con preocupación por familiares, colectivos, organizaciones y organismos internacionales, como la CIDH y el Comité CED de la ONU, que en su reciente visita al país refirió como uno de los principales pendientes y obstáculos en el tema la ausencia de un banco que homologue la información en materia forense y que permita el cotejo de los perfiles genéticos de personas fallecidas sin identificar con los perfiles que presentan las familias víctimas de desaparición.
“En la demanda se argumenta que la omisión, además de constituir el desacato de una norma, en los hechos ha implicado que Olimpia, como miles de familiares más, no pueda tener certeza de que los perfiles genéticos que han aportado a la Fiscalía están siendo cotejados de forma constante y continua con todas las bases de datos en materia genética de personas fallecidas no identificadas con la finalidad de dar con el paradero de su hermano”, señala.
El Poder Judicial de la Federación tiene la oportunidad de revisar la omisión de la FGR en el cumplimiento cabal de lo establecido en la Ley General en materia de Desaparición de Personas, con la finalidad de garantizar los derechos de Olimpia y de miles de familias en todo el país, ordenando a las autoridades responsables realizar aquellas acciones necesarias para poner en operación el banco.
#Comunicado | Juzgado admite demanda de amparo contra la #FGR por omitir crear el Banco Nacional de Datos Forenses.
El #BNDF ayudaría a revertir el rezago forense y a la búsqueda de miles de personas desaparecidas, pero no se ha implementado.
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— Centro Prodh (@CentroProdh) January 5, 2022
“De persistir la omisión de la FGR, se estará condenando a miles de familias a una búsqueda infructuosa, violando sus derechos y contribuyendo a la persistencia de la crisis de desapariciones e impunidad”, señala el comunicado.
Los múltiples hallazgos de fosas clandestinas y fosas irregulares en cementerios, realizados principalmente por las familias ante la omisión de las autoridades, no han sido debidamente procesados por la falta de capacidad técnica, diligente e inmediata por parte de las autoridades para realizar acciones en materia forense, incluyendo la identificación genética, que permitan la identificación de los cuerpos y restos hallados.
Actualmente, son más de 95 mil personas desaparecidas y se contabilizan más de 52 mil cuerpos no identificados. De acuerdo con información de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, tan solo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021 se han localizado mil 749 fosas clandestinas y 3 mil 25 cuerpos han sido exhumados. De éstos, únicamente mil 153 (apenas el 38.11%) han sido identificados y sólo 822 (27.17%) han sido entregados a sus familiares.
En su reciente visita a México, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas señaló la importancia de poner en marcha las herramientas de la Ley, resaltando sus recomendaciones anteriores respecto a la necesidad de contar con un registro unificado en materia forense y, por lo tanto, la necesidad de que la Fiscalía ponga a funcionar al BNDF.
A pesar de que la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda han dado pasos importantes al impulsar la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la publicación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas. el establecimiento de las Comisiones de Búsqueda a nivel estatal, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas o la creación del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, hasta ahora la FGR no cumplido con la creación del banco.
En noviembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), realizó una visita oficial a México, para analizar la crisis de desaparición de personas y el trabajo de las instituciones.
Carmen Villa Quintana, titular del comité, señaló entonces que ningún proceso o mecanismo tendrá éxito sin voluntad política, la participación efectiva de las víctimas, recursos suficientes y personal capacitado, competente y comprometido.
El comité expresó su inquietud por la revictimización que sufren las familias buscadoras y los riesgos a los que se enfrentan para dar con el paradero de sus seres queridos.
“Desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados y hasta expedientes. Con todo ello desaparece la esperanza de justicia, el grito de desesperación de las víctimas es desgarrador y requiere de una intervención inmediata”, dijo entonces Villa Quintana en una rueda de prensa.