Un reportaje publicado por The New York Times sostiene que funcionarios y legisladores mexicanos, principalmente vinculados con Morena, han iniciado contactos con autoridades de Estados Unidos para proporcionar información sobre investigaciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump de presuntos vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
De acuerdo con el diario estadounidense, al menos una docena de funcionarios, entre ellos gobernadores y legisladores, habrían buscado establecer comunicación con autoridades estadounidenses, y algunos ya participan en conversaciones confidenciales. El medio señala que varios de ellos buscan anticiparse a posibles investigaciones en su contra.
El reporte de los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer indica que estos acercamientos comenzaron después de que, a finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El periódico también asegura que una iniciativa de la DEA consistió en contactar de manera privada a funcionarios mexicanos para persuadirlos de colaborar con las investigaciones.
El diario estadounidense sostiene que las investigaciones también se nutren de información proporcionada por integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos y por algunos de los 92 presuntos operadores del narcotráfico enviados por México a territorio estadounidense durante los últimos 18 meses, varios de los cuales habrían comenzado a colaborar con fiscales federales.
Las investigaciones que autoridades estadounidenses mantienen abiertas contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa han generado una creciente fricción diplomática entre México y Estados Unidos.
Desde que se hicieron públicas las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado de manera reiterada los señalamientos, y durante sus conferencias de prensa mañaneras ha insistido en que cualquier indagatoria debe realizarse con base en los mecanismos de cooperación entre ambos países y con respeto a la soberanía nacional.