Polonia ha consagrado este miércoles el giro ultraconservador de sus políticas con la entrada en vigor del fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe el aborto por malformación fetal. La modificación legal ha vuelto a desencadenar protestas en las calles y una oleada de críticas contra el Gobierno de Ley y Justicia (PiS) al considerar que la resolución, dictada por un organismo dependiente del Ejecutivo, es contraria al Estado de derecho. Los argumentos jurídicos de la sentencia, emitida el pasado 22 de octubre, fueron publicados la noche del miércoles en la Revista de Leyes, equivalente al Boletín Oficial del Estado. El Gobierno había retrasado este último trámite y dejado en suspenso la medida tras las manifestaciones del pasado otoño. La prohibición, que afecta al 97% de los abortos practicados de manera legal en el país y limita una de las leyes más restrictivas de Europa, es también el enésimo desafío del PiS a los derechos reproductivos de las mujeres desde su llegada al poder en 2015.
“El Gobierno polaco parece decidido a abolir el Estado de derecho y cualquier apariencia de un sistema de justicia auténtico con pseudoveredictos altamente politizados, la persecución de jueces y fiscales y la negativa a implementar las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE [que ya ha tumbado alguna de las reformas mplantadas por el PiS]”, advirtió este jueves a través de un comunicado el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara, del que forma parte la principal formación opositora en Polonia (Plataforma Cívica). La resolución del Constitucional es “otro ejemplo más de la toma política del poder judicial y el colapso sistémico del Estado de derecho en Polonia“, añade en la declaración Sirpa Pietikäinen, miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo. La eurodiputada pide a Bruselas que considere la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción en relación con los fallos del Tribunal y su composición ilegal, “lo que pone en tela de juicio su capacidad para respetar la Constitución polaca”.
Un día antes, el propio Donald Tusk, presidente del PPE, antiguo dirigente del Consejo Europeo y ex primer ministro polaco (2007-2014), expresaba en Twitter la necesidad de “defender los derechos y dignidad [de las mujeres] frente al fanatismo cínico del poder”. En la misma red social, el ministro francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune, aseguró este jueves que la decisión de Polonia representa un “día triste que recuerda cómo los derechos pueden retroceder si no se defienden”.
La ley de Planificación Familiar polaca, de 1993, se encontraba ya antes de esta modificación entre las más restrictivas del continente —solo por detrás de Malta, San Marino y Andorra, donde el aborto no es legal en ningún supuesto—. El país seguirá permitiendo la interrupción del embarazo cuando sea producto de una violación o incesto y si la vida de la madre corre peligro, pero en 2019 estas solo representaron el 3% de las 1.110 practicadas, según los datos oficiales. Polonia se convierte, además, en el único Estado de la Unión Europea que retrocede en el acceso legal al aborto en la historia reciente.
La ofensiva de Ley y Justicia contra los derechos de las mujeres no es nueva. La formación, que cuenta con un amplio respaldo de la Iglesia católica en un país donde el 92% de la población se declara creyente, llevó a pleno en abril pasado, durante la primera ola de la pandemia, la iniciativa de una asociación provida para eliminar el supuesto de malformación fetal de la legislación, aunque en aquel momento el proyecto de ley quedó aparcado. Desde su llegada al Ejecutivo, el PiS también ha reducido las ayudas a las organizaciones contra la violencia machista.
Adriana Lamackova, asesora jurídica sénior del Centro de Derechos Reproductivos en Ginebra, explica en conversación telefónica que el fallo representa “un ataque sin precedentes contra los derechos humanos de las mujeres”, afirma que ha sido “adoptado por un tribunal cuya independencia está seriamente comprometida” y cree que solo servirá “para hacer imposible de facto el acceso al aborto en Polonia”.
En la misma línea, para la Federación Internacional de Planificación Familiar el anuncio “es resultado del desmantelamiento deliberado del Estado de derecho”. En un comunicado difundido este jueves denuncia que “la presidenta y tres de los magistrados del Tribunal Constitucional fueron designados de manera ilegal y política”, por lo que “el anuncio no puede considerarse un acto legal”. La organización alerta de que la resolución “abre la puerta a nuevos juicios peligrosos”, incluido el “desmantelamiento de la protección para las víctimas de violencia doméstica y de género que ofrece el Convenio de Estambul”. Por su parte, Amnistía Internacional ha lamentado la entrada en vigor de la restricción y ha asegurado que “ilegalizar el aborto no previene ni reduce sus tasas”, sino que “pone en peligro la salud de las mujeres al fomentar abortos clandestinos u obligarlas a viajar al extranjero para acceder a los servicios de aborto”.
Restricciones por la pandemia
A lo largo del miércoles, horas antes de la publicación oficial de la medida, miles de personas se concentraron en Varsovia con bengalas, banderas con los colores del arcoíris —emblema del movimiento LGTB—, así como con pancartas con las inscripciones “Esto significa la guerra” o “Libre elección, no al terror”. Según la información recogida por la agencia de noticias France Presse, la protesta, que comenzó ante la sede del Constitucional, llegó a paralizar el tráfico. Después, los manifestantes se dirigieron hacia la sede del PiS. Las marchas, que se sucedieron en distintas ciudades de Polonia, se repitieron este jueves por la tarde.
Las movilizaciones se producen en un contexto de fuertes restricciones por la pandemia de coronavirus, con 1.496.665 contagios y 36.443 muertes. Desde diciembre, solo los más pequeños asisten a clase a diario. Este jueves, el ministro de Salud, Adam Niedzielski, en declaraciones recogidas por Reuters, alerto de que las manifestaciones del día anterior podían provocar “un aumento en el número de casos”.
En este sentido, el momento elegido para la entrada en vigor de la medida no es baladí, cree el analista político Adam Traczyk. “Probablemente Jaroslaw Kazcynski [el presidente del PiS y actual viceprimer ministro] sienta que ahora que es invierno y la gente tiene miedo de la pandemia, se dan las mejores circunstancias”, señala en un correo electrónico. “La mayoría de los polacos apoya las protestas, incluso muchos votantes del PiS no están contentos con el fallo”, añade. Las encuestas de opinión han mostrado una cierta disminución en la popularidad del partido en los últimos meses, cayendo del 40% a cerca del 30%, indica el experto del think tank Global.Lab. “Calentar el debate con el aborto es un intento por consolidar aún más a sus bases y desviar la atención de la pandemia y los posibles problemas económicos. Además, si aumentan los contagios por las protestas, culpará a los manifestantes. Sin elecciones previstas en el horizonte hasta 2023, Kaczynski espera que el partido se recupere en las urnas con el tiempo”.
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