La soberanía popular se utiliza para referirse al pueblo como máxima autoridad de la sociedad. Por lo tanto, tiene una función gubernativa y dirigente y, una vez integrada en una democracia, es representada a través de una entidad jurídica y política que recibe el nombre de Pueblo. Es el Pueblo el encargado de establecer las leyes y regir la sociedad mediante las bases de la democracia. Lo hace con una serie de representantes políticos que los ciudadanos eligen con sus votos.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 1.2, establece lo siguiente: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Por lo tanto, dicho de una forma sencilla, en un régimen democrático, es el pueblo quien elige a los representantes políticos del Estados.
El origen de Soberanía Popular
La soberanía popular nació como la contraposición de la soberanía nacional, en la que, tal y como su propio nombre indica, el poder se refería a la nación y no al pueblo como tal. El origen de la soberanía popular se remonta al siglo XVI de la mano de Jean Bodin quien elaboró una serie de preceptos que debían aplicarse al poder que ejercía el rey de Francia. Jean Bodin defendía la monarquía absoluta, un sistema de Gobierno en el que el Rey concentra el 100% del poder y, por lo tanto, no existe la división de poderes.
En el año 1762, Jean-Jacques Rousseau retomó la idea de la soberanía, pero con un enfoque completamente distinto. Redifinió este concepto y le dio una visión más actual. Pasó a ser una unidad histórica de personas con los mismos hábitos y costumbres que deciden formar un Estado sin que nadie tenga poder por encima de él.
De esta manera, es el pueblo quien se encargaba de constituir el Estado. Además de controlarlo, también puede cambiarlo si lo considera oportuno. Tal y como se entiende el concepto de soberanía popular en la actualidad, los gobernantes son los servidores del pueblo. Al mismo tiempo, el pueblo ejerce poder sobre los individuos.
Características
Y, por último, cabe señalar que para que la soberanía recaiga sobre el pueblo deben darse una serie de condiciones. La existencia hay que refrendarla a través de un documento oficial, como por ejemplo una constitución. Todo el poder público procede del pueblo y, por supuesto, debe existir la separación de poderes. Además, la libertad individual debe estar garantizada para la organización colectiva.
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