Un tribunal consideró que la FGR debe regresar a prisión a los elementos de la Sedena para ser enjuiciados por ejercicio indebido del servicio público.
Luego de que un tribunal ordenó detener de nuevo a los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México ocurrida en junio de 2014, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló que esto es una oportunidad contra la impunidad y por la rendición de cuentas.
A través de redes sociales, el Centro Prodh manifestó que la resolución confirma que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, “tal y como lo han señalado por cinco años las sobrevivientes y los organismos de derechos humanos.
La organización detalló que el dictamen también acredita que las autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios y que es una evidencia de que el análisis del magistrado que dejó en libertad a los soldados fue parcial.
De acuerdo con reportes en medios, el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México resolvió un recurso de apelación en el que consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe regresar a prisión a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ser enjuiciados por ejercicio indebido del servicio público.
⚠ #Tlatlaya: oportunidad contra la impunidad y por la rendición de cuentas.
Frente a la resolución de un tribunal en el caso, enfatizamos ? pic.twitter.com/FPLWadCy3q
— Centro Prodh (@CentroProdh) October 17, 2019
Por lo anterior, el Centro Prodh indicó que regresa al Poder Ejecutivo la responsabilidad de aprehender y someter a proceso a los perpetradores, realizando una investigación exhaustiva.
Asimismo expuso que concuerda con los recientes cuestionamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU a México sobre mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas en ejecuciones arbitrarias.
Y añadió que el fallo “abre la puerta para avanzar en dicha rendición de cuentas en un entorno marcado por el uso desproporcionado de la fuerza letal, pues para terminar con las violaciones a derechos humanos no solo se requiere cambiar las órdenes, sino también llevar a juicio los perpetradores”.
En un comunicado, el Centro Prodh recordó que el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. La Sedena señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería. No obstante, investigaciones periodísticas y testimonios de sobrevivientes revelaron que un número, hasta ahora indeterminado de estas muertes, fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables; así como tortura a las personas que no murieron, con el fin de que no revelaran lo que verdaderamente sucedió.