El próximo 7 de noviembre de 2021 están previstas las elecciones en Nicaragua. Para muchos, este es un camino de salida a la crisis política en el país. Sin embargo, con el clima de intimidación, sin candidatos de oposición ni posibilidades de participación libre, estas elecciones solo arrojan dudas, más que una posibilidad de salida. Las leyes y el sistema electoral no cumplen con los criterios básicos de transparencia y veracidad. Ya se sabe el ganador.
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Van más de tres años de crecientes violaciones con detenciones arbitrarias, entre ellas varias aspirantes a candidatas presidenciales. Hay decenas de presos políticos y persecuciones a líderes estudiantiles, periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. A raíz de este clima político, hay más de 100.000 nicaragüenses que se han ido al exilio desde 2018 hacia otros países y los números se van incrementando exponencialmente en los últimos meses. Por ejemplo, solo en el mes de agosto del 2021, las autoridades migratorias costarricenses recibieron más de 6.000 peticiones de refugio de nicaragüenses en Costa Rica, un récord mensual desde 2018. El flujo migratorio, en realidad, es mucho mayor.
Desde las protestas en el 2018, el Gobierno de los Estados Unidos ha venido incrementando sanciones sobre miembros del Gobierno de Daniel Ortega. Las más recientes, en junio de 2021, por las detenciones de la oposición política que ponen en duda las próximas elecciones. Acto seguido, este agosto la Unión Europea también anunció sanciones contra la Administración sandinista, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo, por las graves violaciones de los derechos humanos.
Este es el contexto en el que se han cerrado múltiples organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), cuya presidenta, la doctora Vilma Núñez, lleva una vida entera promoviendo los derechos humanos en el país. En julio del 2021 fueron cancelados los registros de otras 24 organizaciones nicaragüenses, entre ellas varias entidades médicas por su crítica a la gestión de la pandemia en el país. En agosto de este mismo año también se eliminaron los de otras 15. Ahora también buscan cerrar los organismos internacionales. Desde el 16 de agosto del 2021 fueron revocadas las licencias de varias ONG, entre ellas la de Oxfam Intermón, que llevaba más de 40 años colaborando y trabajando en el país.
El cierre de Oxfam Intermón obliga el cierre de más de 20 proyectos humanitarios. Algunos se llevaban a cabo en respuesta al impacto de los huracanes Eta e Iota suscitados en noviembre del 2020 en la costa atlántica, en los que se proporcionaban paquetes de alimentos, reconstrucción de vivienda y la rehabilitación de sistemas de agua. Otros de los proyectos colaboraban en la zona del corredor seco, en seis municipios de la zona del Pacífico, donde se llevaban a cabo acciones de adaptación al cambio climático y medios de vida, coordinados con las autoridades locales.
No puede ser subestimada la importancia del espacio de la sociedad civil en democracias frágiles que aún están en construcción. Las restricciones, intimidaciones y la obstaculización de su trabajo es una característica de lo que describe Latinobarómetro desde 2017 como una tendencia de “declive democrático” en la región.
El concepto de espacio de la sociedad civil hace referencia a las estructuras, procesos e instrumentos legales, así como a la ausencia de restricciones, que posibilitan que la ciudadanía se asocie, se organice y actúe en las cuestiones que le interesen. Si este espacio existe, la gente sigue siendo parte de la sociedad civil, ya que puede expresar y negociar sus intereses, valores e identidades para reclamar sus derechos y exigir cuentas a quienes ejercen el poder, con el fin de mejorar sus vidas e influir en el desarrollo de sus sociedades. Lo puede hacer de forma individual o colectiva.
Un espacio de la sociedad civil vibrante es sinónimo de la vida democrática, requisito para el respeto de los derechos humanos, una suerte de antídoto ante cualquier abuso de poder
Un espacio de la sociedad civil vibrante es sinónimo de la vida democrática, requisito para el respeto de los derechos humanos, una suerte de antídoto ante cualquier abuso de poder, de distintos ámbitos públicos e incluso privados.
Esta definición podría haber sido adoptada en 1990 por el Frente Sandinista cuando Ortega perdió las elecciones 11 años después de haber triunfado en la revolución de 1979. Después de esa derrota electoral, cientos de individuos, activistas y periodistas se movieron creando decenas de ONG, asociaciones y centros inspirados en el humanismo del sandinismo, las cuales dieron vida a una nueva etapa democrática en el país. Irónicamente, son muchas de estas mismas organizaciones que están siendo cerradas ahora.
Se asfixia el disenso, se calla la voz crítica, se eliminan las perspectivas diferentes. La sociedad nicaragüense se ha expresado en las calles, acción que ahora está prohibida. La oposición está detenida o huida del país. La comunidad internacional ha hecho múltiples declaraciones políticas, anunciando sanciones. El sistema interamericano y las Naciones Unidas han condenado las múltiples violaciones de los derechos humanos. Pero nada de esto parece preocupar de sobremanera al Gobierno de Nicaragua.
Llevo décadas trabajando de cerca con Nicaragua. Mi tesis de licenciatura fue sobre la magnífica campaña de la alfabetización de los años 1980. Trabajé en el primer Gobierno sandinista y, después de la primera derrota electoral en 1990, también participé en la Comisión Nicaragüense de Derechos Humanos, desde sus inicios, hace 30 años. Me siento testigo de una historia de humanismo que inspiró a una generación entera y, al igual que muchos, coopero por la construcción de un país valeroso a la caída de la dictadura somocista. Hoy el desconcierto se suma al desconsuelo.
Es difícil explicar cómo hemos llegado a esto, pero me recuerda de la fábula de George Orwell, Rebelión en la Granja, donde al final los animales no pueden distinguir entre los cerdos que se apoderaron de la revolución y los humanos con quienes los cerdos hicieron un pacto. El régimen se convirtió en lo que combatió y los animales tuvieron que rebelarse de nuevo.
Simon Ticehurst es director regional de Oxfam en América Latina y el Caribe.
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