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El nuevo pinchazo de España en el prestigioso índice de Shanghái, que valora las mejores universidades del mundo, vuelve a llamar la atención sobre la necesidad urgente de actualizar y modernizar los sistemas de gestión y financiación de los campus. Solo 12 universidades españolas entran en el top de las 500 mejores de la lista, pero hay que ir hasta la posición que alberga desde la 151 a la 200 para encontrar la primera, que es la de Universidad de Barcelona. Del total de 47 universidades públicas españolas con grado presencial, 38 están entre las 1.000 mejores y solo entra una privada, la Universidad de Navarra. El escenario repite el mismo fracaso sistémico de evaluaciones anteriores y es el resultado de un sistema de centros públicos infrafinanciados y de centros privados desvinculados de la investigación. Esta vez, además, es un aldabonazo en un momento crucial, a escasas semanas de que el ministerio que dirige Manuel Castells presente el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Frente a una economía y unos cambios sociales en constante evolución, la Universidad española no ha remozado su legislación desde hace 20 años, cuando se aprobó la vigente LOU. Por el camino se ha ampliado la competencia internacional, la necesidad de reforzar y acelerar la investigación y de obtener enfoques multidisciplinares en constante relación con otros centros, países y el mundo empresarial. La pandemia solo ha subrayado la necesidad sistémica de apoyar la ciencia para afrontar una crisis como la que ha supuesto el coronavirus. Sin embargo, la transmisión de conocimientos en España apenas ha vivido adaptaciones sobre el papel, la selección del profesorado sigue siendo objeto de procesos opacos que muchas voces siguen ligando con la endogamia y el nepotismo y la figura del profesor asociado no ha encontrado un acomodo digno en la estructura universitaria. La financiación es el gran caballo de batalla pendiente. La vinculación con el mundo de la empresa, otro. Y la investigación sigue sometida a procesos burocráticos lastrados por inercias difíciles de remontar. Mientras tanto, decenas de universidades privadas han proliferado sin una criba suficiente de su calidad.
Entre los compromisos adquiridos por el Gobierno ante Bruselas para recibir los fondos de recuperación se sitúa la LOSU, que promete agilizar la gestión, dedicar dinero a formar investigadores, recuperar talento que ha huido a otros países y abordar la especialización, clave para el buen desarrollo de los centros. Urge sentar las bases de una reforma universitaria que sitúe a España en la posición en que merece estar en el marco de la actual sociedad del conocimiento. No hay peores investigadores o profesores en España, sino un peor sistema y una deficiente financiación.
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