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Reforma electoral: Recortes a partidos, menos 'pluris' y posibles choques de Morena con PT y Partido Verde, adelanta Monreal | Video


El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la discusión formal de la nueva reforma electoral iniciará el próximo 1 de febrero, una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe la iniciativa correspondiente.  El legislador descartó la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para este fin, argumentando que los tiempos legislativos actuales no lo permiten.

Monreal detalló que la reforma revisará la representación proporcional, el financiamiento público a los partidos políticos y el costo de los procesos electorales.

A pregunta expresa sobre la complejidad de estos temas, Monreal reconoció que existen posturas divergentes no solo con la oposición, sino también al interior de la coalición oficialista conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Foto: Archivo Cuartoscuro

“Creo que esa será una discusión muy álgida al interior nuestro. Incluso la reducción de los plurinominales. Serán dos temas complejos: la representación proporcional y el financiamiento a los partidos. Hay posiciones diversas dentro de nuestro propio movimiento y dentro de nuestros aliados”.

Además, el diputado mencionó que la iniciativa podría integrar la figura de la revocación de mandato y la revisión del funcionamiento de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales estatales.

Ricardo Monreal dijo que se implementarán mecanismos de consulta ciudadana para la reforma electoral.

“Si le toca a la Cámara de Diputados, habríamos de hacer audiencias públicas, foros y Parlamento Abierto para que todos deliberen, debatan y hagan sus propuestas sobre la reforma electoral”, adelantó.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a la “prudencia y tolerancia” en el debate legislativo, instando a los actores políticos a privilegiar el razonamiento sobre la imposición para mantener la confianza ciudadana en las instituciones.



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