España se lo ha puesto relativamente fácil a los británicos que vivían legalmente en el país antes del Brexit. Los trámites para poder seguir disfrutando de los derechos de residencia, trabajo y acceso a la Seguridad Social una vez culminado el divorcio británico han resultado, por lo general, sencillos. Pese a todo, algunos ciudadanos se han visto atrapados en el proceso. John Trevett, un militar y funcionario jubilado de 74 años, y su esposa, Sabine Rawley Trevett, psicóloga de 56 años con doble nacionalidad británica y francesa, se mudaron desde Francia a Baza el 13 de noviembre de 2020, todavía dentro de plazo. Pagaron 50.000 euros de depósito para alquilar con derecho a compra una casa cueva en la localidad granadina y el resto, 29.000 euros, lo abonan con cuotas mensuales de alquiler de 500 euros. Trevett recibe una pensión inglesa y tienen cubierta la atención sanitaria. En teoría reunían los requisitos y se dieron prisa para juntar toda la documentación para solicitar su tarjeta de identificación de extranjeros (TIE), pero entre las restricciones a las citas presenciales por la covid y las Navidades, no lo lograron hasta abril, cuando acudieron a un gestor.
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“Hace unos días nos quedamos conmocionados cuando el gestor nos informó de que las autoridades habían rechazado nuestra solicitud por falta de pruebas que demostrasen que vivíamos en España antes del 31 de diciembre de 2020”, relata Trevett. No sirvió la copia del depósito de 50.000 euros, ni los certificados bancarios de operaciones como compra de alimentos y gasolina en noviembre y diciembre, ni la venta de su casa en Francia. “Ha sido muy angustioso; he pasado días sin dormir”, añade Rawley Trevett al teléfono.
Quienes ya tenían su certificado de registro o tarjeta de familiar (381.448 ciudadanos, según el INE) no tienen que hacer nada más tras el Brexit, aunque el Gobierno les recomienda cambiar esa documentación en papel, que acaba estropeándose, por una TIE, similar al DNI. No tienen plazo máximo para gestionarlo, por ahora, mientras en el Reino Unido un ciudadano europeo tiene oficialmente hasta el 30 de junio ―ahora con una extensión de 28 días― para solicitar su permiso de residencia. Los residentes que no tenían esa documentación tienen también derecho a pedir la residencia, pero tienen que demostrar que vivían en España antes del fin de 2020 y cumplir una serie de condiciones. Ahí es donde la cosa se complica. Esos requisitos “son variados y tienen matices importantes en función de la casuística de cada persona”, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, pero incluyen contar con cobertura sanitaria y medios económicos suficientes.
Están también las diferencias en la tramitación según las autonomías, aunque los trámites se hacen en las Oficinas de Extranjería, que dependen del Ministerio del Interior. “Son 17 interpretaciones de una norma nueva y aún desconocida”, opina Anne Hernández, presidenta de Brexpats in Spain, una organización de ciudadanos británicos en la Costa del Sol. La abogada Victoria Westhead, que trabaja en la misma zona, lo ilustra con el ejemplo de una clienta que vive en Galicia que solucionó todo el papeleo en dos días, mientras en áreas con mucha población británica como Alicante o Málaga “son más estrictos y se puede tardar hasta cuatro meses”.
Otros “viven bajo el radar” sin intención de solicitar permiso de residencia, como los describe Margaret Hales, de la asociación Ecreu (Expat Citizen Rights in EU), “porque no han pensado que sea necesario o porque no cumplen los requisitos”. Ella recuerda el caso de una mujer que vive en un pueblo en el interior de Valencia. Su esposo falleció y ella, que aún no es pensionista, no puede acreditar los ingresos necesarios para lograr la residencia.
Es imposible saber cuántas personas hay en esta situación. “Decenas de miles”, se aventura a apuntar Hales. “La mayoría de los ciudadanos británicos han sido documentados sin problemas. Los que quedan sin documentar son fundamentalmente los que no cumplen los requisitos”, afirma la Secretaría de Estado de Migraciones, que no aporta cifras concretas.
La Embajada de Reino Unido en España tampoco tiene datos sobre este grupo. El Gobierno británico, consciente de las dificultades de algunos de sus ciudadanos, ha concedido tres millones de libras (casi 3,5 millones de euros) a organizaciones europeas que trabajan para regularizar, sobre todo, a personas en situación de vulnerabilidad. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM), una de las tres entidades que reciben esta financiación en España, ha atendido a más de 3.200 británicos. Se centran en quienes “se enfrentan a desafíos específicos, tales como personas con discapacidades, quienes luchan contra dolencias crónicas y quienes enfrentan barreras educativas e idiomáticas o barreras en el acceso a la tecnología”, como detallan por correo fuentes del organismo.
Mientras, un enjambre de gestores y abogados tratan de resolver casos individuales como el de Trevett y Rawley, que tras el fracaso de su administrador, han probado suerte con una letrada de Barcelona. La abogada, según explican, va a optar por una vía alternativa y más sencilla que demostrar que vivían en España antes del 31 de diciembre pasado: aprovechar la nacionalidad francesa de Rawley para regularizar a ambos. “Somos europeos y queremos seguir siéndolo”, señala ella. Les está costando tiempo, disgustos y dinero. “Pero nos encanta España y lo vamos a conseguir”, dice segura.
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