La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido este lunes en el Congreso que no se podrá recuperar el mar Menor hasta que no se termine con la agricultura ilegal de la zona, cuyos fertilizantes producen la degradación de las aguas. “Hay que empezar por hacer cumplir la ley, sancionando a quien comete prácticas ilegales”, ha señalado, y ha urgido al Gobierno de Murcia a resolver ya los expedientes sancionadores. Antes, el presidente murciano, Fernando López Miras, le había pedido a Ribera que anunciara nuevas inversiones en la zona, pero la ministra ha considerado que lo principal ahora es resolver la situación “de raíz”. Por otra parte, la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la intención del Ejecutivo regional de drenar la gola de Marchamalo, un canal que enlaza la laguna salada con el Mediterráneo, una medida con la que no están de acuerdo ni el ministerio ni los científicos.
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Ribera ha explicado que el ministerio reforzó la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) con 28 efectivos nuevos que han permitido identificar cerca de 8.000 hectáreas que eran de secano y se han dedicado al regadío de forma ilegal. Fruto de ese trabajo son los 479 expedientes sancionadores, de los cuales 132 han sido remitidos al Gobierno murciano, encargado de cerrarlos, y otros 207 a la Fiscalía Superior de la región. En su reunión de la semana pasada, López Miras se comprometió a agilizar la resolución de esos expedientes.
Además, la CHS ha levantado 661 expedientes por desaladoras ilegales, de las cuales 55 ya han sido precintadas. “Solo poniendo coto al crecimiento del problema podremos destinar los recursos de forma eficaz a la restauración del ecosistema. No tiene sentido desperdiciar recursos económicos en blanquear una situación que no es resuelta de raíz”, ha apuntado la titular de Transición Ecológica. En suma, “hay que aplicar la legalidad, para que la ilegalidad no perjudique a quien hace las cosas bien”.
En su opinión, el mar Menor “no admite más desarrollos, no es posible el crecimiento ni urbanístico ni agrícola” de cara a recuperar la zona. La ministra ha considerado que el mal estado de la laguna salada es un asunto “extremadamente dramático para los vecinos y para todos aquellos que tienen una mínima sensibilidad ambiental” y ha pedido “consenso” entre los diferentes actores para atajarlo. El Ministerio de Transición Ecológica tiene presupuestados 317 millones de euros en diferentes actuaciones en la laguna salada, aunque es probable que hagan falta más inversiones en el futuro, así como otras partidas tanto del Ministerio de Agricultura como del Gobierno regional.
Vertido de nitratos
Horas antes, el murciano Fernando López Miras había pedido a la ministra que concretara cuanto antes algunos de los compromisos que le transmitió en su visita al mar Menor la pasada semana, como el cierre del vertido de agua con nitratos en la rambla del Albujón o la apertura de la gola de Marchamalo. “Espero que puedan materializarse con presupuesto y un tiempo corto de ejecución”, ha dicho. También ha solicitado al Ejecutivo que declare la laguna salada como Zona Catastrófica, algo que facilita dar ayudas a los afectados y priorizar las obras de emergencia, cosa que por ahora no está sobre la mesa.
El Ejecutivo murciano ha apuntado que “cada día, la rambla del Albujón está echando al mar Menor una media de 30 millones de litros de agua dulce y 5.000 kilos de nitratos”, algo que podría evitarse cuando se ponga en marcha el Colector Norte. “El Gobierno regional está dispuesto a asumir la ejecución del Colector Norte y su coste”, ha apuntado López Miras. La redacción fue finalizada hace casi dos años por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del ministerio, y “su ejecución es urgente”.
El ministerio es contrario a la otra propuesta, el dragado de la gola de Marchamalo, basándose en la opinión de los científicos. Ribera lo ha explicado así: “El dragado necesitaría declaración de impacto ambiental, y existen dudas científicas sobre su eficacia”. En cualquier caso, el Gobierno regional ha trasladado maquinaria hasta la zona para impulsar la actuación si el Gobierno central acabara dando el visto bueno. Ese traslado ha motivado una denuncia de los ecologistas que ha llevado a la Fiscalía a abrir diligencias para investigarlo.
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