Cuando a Alejandro Ruiz-Huerta lo acribillaron y cayó al suelo junto a sus compañeros la noche del 24 de enero de 1977, comenzó a contar aterrorizado: “Uno, dos, tres, cuatro. ¿Se habrán ido ya? Cinco, seis. ¿Qué ha pasado?… Siete. Oigo cerrarse la puerta. Ocho, nueve, diez… Tengo que mover el cuerpo de Enrique que está encima de mí. No se mueve. Catorce, quince… abro los ojos en el despacho”, cuenta en sus memorias. Ahora, saltando las distancias, vive otra cuenta (atrás) que le pesa: el próximo jueves, si no se produce un giro de guion de última hora, saldrá de la cárcel Carlos García Juliá, uno de los pistoleros de la matanza de Atocha, el crimen contra un grupo de abogados laboralistas que puso en jaque la Transición.
El ultraderechista quedará libre tras permanecer más de dos décadas fugado de la justicia y tras pasar menos de un año en una prisión española tras su captura en Brasil. Su salida se adelantó tras aplicarle beneficios penitenciarios.
—¿Se ha hecho justicia?
—¿Si se ha hecho justicia? Es un tema muy complicado —responde Ruiz-Huerta, el pasado martes, tras un silencio de unos segundos—. Con Fernando Lerdo de Tejada, [otro de los autores], no se hizo justicia nunca. Porque un juez lo puso en libertad cuando aún no había sido juzgado [y huyó]. En el caso de García Juliá, depende de las decisiones de los tribunales de los próximos días.
Ruiz-Huerta aún espera que el Tribunal Constitucional, al que han acudido como último recurso para tratar de frenar la excarcelación tras una infructuosa batalla legal de más cinco meses en la justicia ordinaria, les ampare. Insisten en que la decisión de adelantar la salida del asesino es contraria a la ley. “Pero, hasta ahora, la impresión que me queda es que, en el fondo, todos los tribunales se han querido quitar de en medio. Es una sensación de absoluta desprotección, de que nadie se mete en lo que tú le cuentas, sino en lo que ellos ya tienen pensado. He tenido una sensación de oídos sordos”, resume Cristina Almeida, una de las abogadas de la acusación en el juicio celebrado en la década de los ochenta. Ya estaba jubilada, pero volvió a darse de alta como letrada en pleno confinamiento para meterse en esta pelea.
Entrevista a Cristina Almeida, abogada de las víctimas de la matanza.
Todo comenzó el pasado 8 de mayo. Ese día, las heridas se reabrieron. Las víctimas se enteraron por la prensa de que la Audiencia Provincial de Ciudad Real había fijado una nueva fecha para la puesta en libertad de García Juliá: el 19 de noviembre, justo un día antes del aniversario de la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, jornada muy simbólica para la ultraderecha. La sorpresa fue mayúscula, recalca Almeida. Solo tres meses antes, cuando Brasil extraditó al pistolero a España tras capturarlo a finales de 2018 después de permanecer desaparecido desde los noventa, la Audiencia Nacional había hecho el cálculo de cuánto tiempo le quedaba entre rejas: 3.854 días (más de 10 años), según el cómputo del 21 de febrero de 2020, incorporado a la causa y al que tuvo acceso EL PAÍS. En la práctica, había estado encerrado desde su detención en marzo de 1977 hasta 1991, cuando se le otorgó la condicional que aprovecharía para huir.
La Audiencia Nacional había sido el órgano que lo había juzgado por la matanza de los abogados laboralistas, el que había ordenado su captura y su extradición. Pero el caso entonces saltó, a petición de la defensa, a la Audiencia de Ciudad Real. Allí constaba su última condena: durante su estancia en prisión preventiva en 1979, cuando esperaba precisamente al juicio por la masacre de Atocha, secuestró al director de la cárcel, a su familia y a otro funcionario para tratar de fugarse. Ese detalle, que ha resultado clave, era desconocido para las víctimas.
“Durante muchos años, no nos informaban de nada. No nos enteramos del incidente que tuvo en la cárcel de Ciudad Real por el que le condenaron a tres años por quebrantamiento de condena”, subraya Ruiz-Huerta en conversación con este periódico.
Los beneficios
Esa segunda pena permitió a García Juliá, sentenciado a 193 años por el crimen de Atocha, trasladar el tema de su excarcelación a la Audiencia de Ciudad Real. Esta hizo entonces un nuevo cálculo y redujo el tiempo pendiente a 287 días. Le aplicó beneficios penitenciarios, por ejemplo, por trabajos acometidos en prisión antes de escaparse. “Es contrario a la ley, a la jurisprudencia y a los pronunciamientos del Constitucional”, argumenta Almeida, que incide en que no puede redimir pena por haberse intentado fugar.
“La liquidación [de condena] se hace de una manera, como mínimo, irregular y escandalosa”, opina Ruiz-Huerta, profesor jubilado de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba. “Lo de Ciudad Real sentó tan raro… Uno se queda asombrado de que pueda actuar así la justicia. Y la negativa del fiscal de recurrir. Y la Audiencia Nacional, que había pedido la extradición, también pasa del tema”, añade: “Me produjo perplejidad, asombro y rechazo ante una situación que es impresentable desde mi punto de vista”.
Ante la petición de las víctimas de dar marcha atrás, la propia Audiencia Provincial se pronunció. En un auto, las juezas del tribunal reconocieron la “contradicción y perplejidad” que causa que el asesino pueda “mantener los beneficios penitenciarios obtenidos con anterioridad a su evasión”, pero fallaron que así lo marcaba la normativa vigente en ese momento.
“Desde un punto de vista sociopolítico esta resolución constituye por sí misma una ofensa a la memoria democrática de justicia y reparación a las víctimas de la violencia política o terrorista”, expresa CC OO en un comunicado. “Lo que estamos pidiendo es justicia”, apostilla Almeida. “Siempre hemos abordado este asunto con absoluto respeto a la justicia. Y absoluta falta de violencia, falta de venganza y falta de rencor”, puntualiza también el último superviviente de la matanza que se cobró la vida de Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Los pistoleros, seguidores de Fuerza Nueva, también hirieron gravemente a Ruiz-Huerta (que salvó la vida gracias a que una bala impactó contra un bolígrafo que llevaba en el pecho), Luis Ramos, Miguel Sarabia y María Dolores González. Estos tres últimos, ya fallecidos.
—En este tiempo, ¿se ha dirigido García Juliá a usted para pedirle perdón?
—No. No ha habido ningún perdón por su parte. Además, los 24 de enero de los primeros años celebraban el aniversario del atentado comiéndose en la cárcel una mariscada. Con eso está dicho todo.
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