El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este miércoles las restricciones para el puente de San José y la Semana Santa, en los que habrá cierre perimetral en las comunidades autónomas, excepto en el caso de Canarias y Baleares. El acuerdo solo ha contado con el voto negativo de la Comunidad de Madrid, pero será de “obligado cumplimiento” y se publicará en el Boletín Oficial del Estado, según ha informado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Sin embargo, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso ha anunciado esta tarde que no acatará la decisión. “Madrid no va a cerrar perimetralmente. Tomaremos las medidas que creemos oportunas”, ha confirmado el consejero regional de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El consejo ha aprobado el documento que había presentado Sanidad el día anterior, que incluye el cierre perimetral de las comunidades autónomas entre el 26 de marzo al 9 de abril y del 17 y al 21 de marzo en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19. En él también se establece imponer en todo el territorio un toque de queda que va entre las 23.00 y las 6.00, aunque las comunidades pueden adelantarlo a las 22.00. En cuanto al número de personas que se pueden reunir, se limitarán a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes. Además, se recomendará evitar eventos masivos “de cualquier índole” que impliquen “aglomeración o concentración de personas”. El documento aconseja también no flexibilizar las medidas que haya en vigor en cada territorio dos semanas antes del inicio de la Semana Santa, es decir, el 12 de marzo, independientemente de si la situación epidemiológica mejora.
Aunque la sintonía con el documento ha sido general, algunos consejeros autonómicos han puesto algunos peros a la redacción. El del País Vasco ha dejado claro que se trata de un acuerdo de mínimos y que cada autonomía puede ir más allá en las restricciones. En Cataluña han objetado que se baje a cuatro el número de personas en reuniones sociales y tanto Madrid como Galicia han protestado por la excepción de las islas, aseguran fuentes presentes en la reunión. Esta excepción, en cualquier caso, solo permite entrar, siempre con prueba diagnóstica negativa, según las causas justificadas que recoge el estado de alarma, como vuelta al domicilio habitual pruebas médicas, trabajo, cuidado de dependientes o exámenes. “Queríamos dejar claro que no se puede ir a las islas a hacer turismo”, ha explicado Darias. Fuentes de los Gobiernos insulares explican que querían dejar de manifiesto que sus residentes pueden volver en esas fechas.
Este cierre no implica que no se pueda llegar a España desde el extranjero. El tráfico internacional no se corta y, los quienes aterricen desde fuera de las fronteras nacionales pueden seguir llegando con los requisitos que se les pone a cada país: una prueba negativa en las 72 horas previas en el caso de países considerados de riesgo y solo españoles o residentes en caso de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, al menos hasta el 30 de marzo. Eso sí, una vez que aterricen, no pueden moverse de la comunidad a la que lleguen.
Negativa de Madrid
Con la negativa de Madrid se abre una incógnita sobre qué sucederá con el cierre perimetral de la comunidad. No es la primera vez que hay un desencuentro entre las administraciones. Madrid acató la decisión acordada por mayoría en el CISNS de permitir la movilidad entre autonomías solo a familiares y allegados, limitando lo que entonces, como ahora, regía en la comunidad: se podía entrar y salir libremente. Pero se rebeló cuando, antes de la aprobación del estado de alarma, el mismo interterritorial impuso el cierre perimetral de los municipios que rebasaran los 500 casos por 100.000 habitantes y alcanzaran cierta saturación hospitalaria. A efectos prácticos, esto solo afectaba a 10 municipios de Madrid, incluida la capital. Madrid recurrió, ganó en los tribunales, pudo abrir y el Gobierno impuso un estado de alarma exprés de dos semanas a la Comunidad.
Pese a la insistencia de la ministra en que el cierre será publicado en el BOE y es de obligado cumplimiento, dos expertos en derecho constitucional consultados por EL PAÍS coinciden en que, de recurrir el cierre, Madrid tiene todas las de ganar. “El estado de alarma actual deja decisiones como los cierres perimetrales en manos de las comunidades autónomas, no se pueden imponer desde el CISNS”, argumenta Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. “El consejo puede elaborar propuestas y recomendaciones, pero no puede impedir que cada comunidad aplique sus competencias”, añade Elviro Aranda, profesor en la Carlos III. Sin embargo, a efectos prácticos, los madrileños no podrán salir de la comunidad, ya que todas las demás comunidades estarán cerradas, y las dos únicas salvedades, Canarias y Baleares, solo están abiertas para las excepciones que recoge el estado de alarma.
Las medidas que ha tomado el interterritorial son “razonables”, en opinión de Fernando Rodríguez-Artalejo, catedrático de Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. “El porcentaje de vacunados es aún muy bajo, el descenso en la tasa de contagio se está ralentizando, sigue habiendo muchos pacientes en las UCI, y la situación en la Europa más cercana está empeorando mucho”, argumenta.
También lo son para Pedro Gullón, de la Sociedad Española de Epidemiología, quien recuerda que en realidad todo dependerá del acatamiento de los ciudadanos, ya que es imposible hacer controles exhaustivos que vigilen todos los desplazamientos. En su opinión el intento de evitar una “movilidad excesiva”, especialmente en un momento con incidencias del virus muy dispares entre comunidades, es lógico, pero también vería sensato que se permitieran algunos desplazamientos no vacacionales: “La gente está muy cansada, hay personas que están muy solas y quizás se podría haber estudiado la movilidad para cuidados”.
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