El abogado Paulo Díez Gargari acusó al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, de encabezar una red de corrupción y de extorsión, conformada por una serie de despachos de abogados que obtenían contratos multimillonarios, aprovechándose de la importancia del cargo público del entonces colaborador de Andrés Manuel López Obrador.
Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, Díez Gargari afirmó que Scherer traicionó la confianza del presidente, para obtener un beneficio propio y para “un grupo muy poderoso” de abogados.
Uno de los actos de los que lo acusó es de utilizar sus influencias en el gobierno federal para frenar una investigación sobre la presunta explotación ilegal de la empresa Aleática de la concesión del Viaducto Bicentenario, y así beneficiarse del cobro de honorarios, ya que los servicios del despacho de su hermano, Pedro Scherer, fueron contratados por Aleática.
Explicó que, por ese motivo, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusándolo de tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, y delitos contra la administración de la justicia.
Díez Gargari explicó que presentó una controversia constitucional a la Consejería Jurídica de la Presidencia, argumentando la ilegalidad de la operación de Aléatica del Viaducto Bicentenario, pidiendo que la presentara. Aunque la Consejería le respondió que se estaba atendiendo el asunto, la controversia no fue presentada, según el abogado.
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“Esta es una omisión muy grave, ya que él era el responsable de representar al presidente de la República en todas esas controversias constitucionales, y se abstuvo de hacerlo, de ejercer una facultad exclusiva que él tiene, con lo cual permitió que estos señores sigan indebidamente explotando ilegalmente el Viaducto Bicentenario en perjuicio de todos los mexicanos”.
“No sólo eso, estos actos u omisiones de Julio Scherer impidieron que una carpeta de investigación que estaba a punto de judicializarse hace dos años en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR se detuviera, con base en este famoso convenio de colaboración con el gobierno del Estado de México, que yo llamo ‘convenio de la vergüenza’, por el que supuestamente se reconoce la validez de esta concesión estatal”, agregó Díez.
El abogado explicó que la FGR básicamente tiene que investigar actos de autoridad realizados por Julio Scherer en el ejercicio de su cargo, u omisiones de actos de autoridad que Julio Scherer debió haber realizado y no realizó.
“Lo mismo de algunos servidores públicos designados por él”.
Durante la entrevista, agregó que el presidente de la República le ordenó a Julio Scherer que llevara a cabo una auditoría de los fideicomisos públicos entre los que está el Fonadin.
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Al tener conocimiento sobre la auditoría, Díez envió a la Consejería Jurídica “toda la evidencia de cómo Aleática había obtenido, a partir de información falsa presentada al Fonadin, un crédito de mil 500 millones de pesos en 2010 del que, hasta la fecha, no se ha pagado ni un peso de capital ni de intereses, por lo que el saldo actual de ese crédito acumula un monto superior a los 3 mil 500 millones de pesos”.
El abogado recordó los señalamientos del presidente López Obrador, que denuncian “el engaño de empresas corruptas como Aleática, que quieren hacernos creer que han venido a invertir dinero a nuestro país y que hay inversión extranjera aquí, cuando no, muchos de esos proyectos se han construido, no solo sin inversión extranjera, sino con recursos públicos de Banobras y del Fonadin”.
Entre los abogados señalados por Díez Gargari de formar parte de este grupo encabezado por Scherer Ibarra se encuentran Juan Antonio Araujo Rivapalacio y Alonso Rivera Gaxiola. Este último acusó a Díez, a través de una carta enviada a la periodista Carmen Aristegui, de solicitarle 125 millones de dólares a cambio de no realizar “cosas que haría contra diversas personas”, durante una reunión reciente entre ambos.
De acuerdo con Rivera Gaxiola, Díez Gargari exigía que se le restituyera un cuantioso contrato de supervisión de peaje vehicular que en su momento, hace varios años, le otorgó en el Estado de México el finado Gerardo Ruiz Esparza.
Al respecto, el abogado Díez negó haber solicitado dicha cantidad a Rivera, y aclaró que accedió reunirse, siempre y cuando estuviera presente Julio Scherer. Confirmó que la reunión tuvo lugar el año pasado en un hotel cerca de Los Pinos, pero que no se resolvieron las inconformidades sobre la situación de Aleática que en ese momento reclamaba al consejero jurídico de la Presidencia.
“Alonso Rivera Gaxiola ha aprendido bien de su jefe, Julio Scherer, a desempeñar este papel de ‘realista disfrazado de Pípila’, en realidad estos señores son simuladores”, recalcó.
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