La reforma para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales desde las actuales 48 horas no lograría aprobarse este año, dijeron a Reuters cinco fuentes involucradas en las discusiones, por lo que su debate deberá esperar a principios de 2024, cuando el legislativo retome sus funciones.
Desde que empezó su discusión el año pasado, la iniciativa de reforma constitucional fue resistida por empresarios y el opositor Partido Acción Nacional (PAN) -la segunda fuerza en la cámara baja detrás del oficialista Morena- y pareció recibir un freno esta semana luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera más tiempo para analizarla.
El período de sesiones ordinarias culmina el 13 de diciembre y el mandatario dijo esta semana en su conferencia matutina que el 12 no debería convertirse en una fecha definitiva para el tema. Los diputados reiniciarán funciones el 1 de febrero de 2024 y terminan la legislatura en agosto.
“Que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países (…) y que se escuche más, que se den razones”, dijo el martes al ser consultado sobre el tema.
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Haciendo eco de lo que dijeron las fuentes a Reuters, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Robledo, aseguró el jueves que “hay voluntad pero ya no hay tiempo para aprobar”.
“Para el próximo periodo de esta legislatura se llevará a cabo la discusión en el pleno”, agregó.
Para ser aprobada, la reforma requiere el voto favorable de los dos tercios de los diputados. Morena y sus aliados no cuentan con mayoría calificada. Una vez aprobada la reforma en la Cámara de Diputados, debe ser avalada por el Senado y, posteriormente, por más de la mitad de los congresos estatales.
La iniciativa reforma, que busca establecer que por cada cinco días de trabajo se tengan dos de descanso, fue presentada por Morena el año pasado y, recién en abril, la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la aprobó.
El siguiente paso era debatir los cambios en el pleno pero, ante la resistencia del sector empresarial y del PAN se decidió llevarlos a un “parlamento abierto” en octubre y noviembre, cuando se escucharon las voces de trabajadores, sindicatos, empleadores, académicos, entre otros.
Durante las discusiones, los empresarios pidieron a los diputados que la aplicación de la reforma se haga de forma paulatina con el fin de no afectar a algunos sectores con alta demanda de mano de obra.
Además, consideraron que la iniciativa afectaría gravemente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como a sectores como manufactura, agricultura, comercio y turismo y que se correría el riesgo de cierre de negocios. También, sostuvieron que, de aprobarse, se requeriría la contratación de 2.6 millones de trabajadores con jornadas reducidas, lo que tendría un impacto anual de 20 mil millones de dólares para las empresas.
“El incremento en la reducción de la jornada laboral tiene un costo (adicional) estimado de entre 10% y 20% (en los gastos). Esto va a impactar al consumidor final”, dijo a principios de la semana Esperanza Ortega, presidenta de Canacintra, el organismo que representa al sector industrial de México.
“No nos negamos los industriales a la reducción de jornada laboral (pero) necesitamos más productividad para poder mantener lo que hoy tenemos”, agregó en rueda de prensa.
México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el peor balance entre vida personal y trabajo, de acuerdo al grupo, conocido como “el club de los países ricos”.
Con 2 mil 226 horas anuales (cerca de 500 horas más que el promedio de la OCDE), México, la segunda mayor economía de Latinoamérica, lidera la tabla de naciones de la OCDE donde más se trabaja. Además, es el país con menos productividad laboral y salarios más bajos del grupo de 38 estados.
Desde que asumió la presidencia a fines de 2018, López Obrador ha buscado mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Año tras año ha incrementado el salario mínimo por encima de la inflación; sin embargo, México sigue siendo uno de los países de la región con los sueldos más bajos.
“Nadie está en contra de que los derechos de los trabajadores deben ir aumentando. Lo que hemos dicho es que las Pymes preocupan”, defendió la diputada Noemí Luna, del PAN, en las conclusiones del parlamento abierto en noviembre.
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