Ana tenía 18 años recién cumplidos cuando se publicaron dos fotos de ella desnuda en su propia cuenta de Instagram. Más de cien personas vieron las imágenes, ambas compartidas en su historia, antes de que consiguiera borrarlas. “Sé que hubo capturas y que se pasaron por todo el pueblo”, lamenta. Está convencida de que su expareja entró en su perfil y las publicó. Lo que Ana sufrió se conoce como pornovenganza: una persona envía una foto íntima a su pareja y tiempo después, cuando se acaba la relación, el receptor la comparte sin consentimiento. Ana le pone cara a un tipo de violencia machista que cobra fuerza y que el Ministerio de Igualdad quiere combatir: la violencia de género digital.
Pasados cuatro años desde el incidente, Ana aún se pone nerviosa cuando habla de ello. No ha querido dar su apellido por miedo a que su expareja, que sigue viviendo en su mismo pueblo en el norte de Madrid, leyera este reportaje. La joven reconoce que lo ocurrido en Instagram fue solo el colmo del patrón de abuso verbal y físico que venía sufriendo desde hacía unos meses. Eso sí, fue el episodio más público. Igualdad define la violencia machista digital como toda aquella “conducta de violencia de género que se ejerce a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales o de Internet”. Puede afectar a cualquier mujer que tenga un móvil o un dispositivo con acceso a internet.
Encarni Iglesias fundó hace siete años la asociación Stop Violencia de Género Digital para asesorar y acompañar a víctimas de estas agresiones, que tienen, según ella, un componente que las distingue de las otras formas de violencia machista: al ser online, es más pública y humillante. No es algo que ocurre a puerta cerrada. Una imagen explícitamente sexual “se puede viralizar en nada”, advierte la experta. En muchos casos, como el de Ana, estas agresiones nacen del despecho que siente una expareja: “Cuando ocurre, la víctima se siente que está desnuda en medio de la plaza del pueblo y todo el mundo la está mirando”, resume Iglesias.
El acoso sexual a través de las redes sociales y otras plataformas digitales se ha duplicado en los últimos 10 años, aunque los expertos aseguran que la gran mayoría de los casos no son denunciados. Las infracciones de este tipo han pasado de 63 en 2011 a 124 el año pasado, según los últimos datos sobre cibercriminalidad del Ministerio de Interior. Entre estos delitos se encuentra la pornovenganza y la sextorsión, cuando una persona es chantajeada con archivos de contenido sexual de sí misma. Las repercusiones de estas agresiones pueden ser trágicas, como en el caso de Verónica, de 32 años, que se suicidó en Madrid en 2019 después de que sus compañeros de trabajo compartieran sin su permiso un vídeo sexual en el que aparecía. O el de Tiziana, de 31 años, que se quitó la vida en Nápoles en 2015 después de que su expareja difundiera sus grabaciones íntimas.
La violencia de género en el ámbito digital es uno de los principales ejes de la futura ley de libertad sexual, conocida popularmente como la ley del solo sí es sí, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado julio y ahora pendiente de pasar por el Congreso. El borrador recoge que “se prestará especial atención a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital”, como la pornografía no consentida y la sextorsión.
Además de en redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, las fotos pueden acabar en páginas web de pornografía, siempre sin el consentimiento de quienes aparecen en ellas. Jennifer, de 29 años, es una de las más de 80 mujeres, entre ellas varias menores, que fueron grabadas mientras orinaban en la calle durante la romería de A Maruxaina del verano de 2019, en la localidad gallega de San Cibrao. Los vídeos, en los que aparecen sus caras y partes íntimas, fueron grabados con cámaras ocultas y acabaron en páginas de porno en línea, varias de pago. Jennifer estaba “en shock”: “Nunca me hubiese imaginado que mis clientes, mis amigos o mis vecinos me verían en una página porno”. Ella, como otras víctimas, fue a una psicóloga para lidiar con el trauma. “Me afectó mucho, especialmente porque pensaba mucho en qué diría la gente de mí”, cuenta.
Fue un año después, en 2020, cuando Jennifer y las otras afectadas se enteraron de este atropello a su intimidad y presentaron una demanda para que se investigara quién lo había hecho. A finales del mes pasado, un juez de Lugo (Galicia) desestimó la causa, contra el criterio de la Fiscalía, y aseguró que grabar imágenes íntimas de mujeres en la calle y subirlas a una plataforma porno no constituye un delito, ya que ocurrió en la vía pública. No obstante, la Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei), que apoya a las víctimas en su lucha judicial, ha presentado un recurso contra esta decisión ante la Audiencia Provincial de Lugo. José Manuel Oliveros, el abogado que lleva el caso de estas mujeres, cree que la futura ley de libertad sexual no será suficiente para combatir este tipo de agresión: “La normativa no conlleva una modificación del Artículo 197 del Código Penal”. Por lo tanto, aunque el Código Penal castigue la divulgación no autorizada de imágenes íntimas, solo será considerado delito si las grabaciones fueron obtenidas en “un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros”, según reza el texto.
La decisión del magistrado ha dejado a Jennifer sin palabras: “Sentimos muchísima frustración y no entendemos por qué el juez ni siquiera deja que se investigue”. Mary Fraga, presidenta de Bumei, considera que lo ocurrido en la romería de A Maruxaina es “un claro ejemplo de violencia de género digital”. Además, añade Fraga, “la decisión de este juez puede traer consecuencias muy peligrosas en la lucha por las libertades y los derechos de las mujeres, porque se está dando impunidad a cualquier cosa que se grabe en la vía pública sin el consentimiento de la mujer”.
Ana también denunció lo que sufrió, pero, al igual que las mujeres de Galicia, no cree que se haya hecho justicia en su caso. En 2018 tuvo un juicio rápido en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en Alcobendas, en Madrid, pero no pudo probar que su exnovio fuera quien publicó las imágenes en Instagram, ya que se publicaron a través del perfil de Ana, no de su propia cuenta. Para poder probarlo tenía que someterse a un juicio más largo. “En ese momento yo acababa de cumplir 18 años. Solo quería quitarme toda esta pesadilla de encima y dije que no”, explica Ana. Su expareja recibió una orden de alejamiento de dos años por las otras agresiones físicas y verbales, pero la violencia digital quedó impune.
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