Una chica joven, sonriente, cuenta su experiencia en un vídeo subido a redes sociales. Habla del sol de España, de lo simpáticos que son los españoles, de la buena vida que ha encontrado en el país. Relata que vive en un chalet con piscina y que gana mucho dinero. Todo es de color de rosa en un testimonio que, como muchos otros, sirve a agencias ubicadas en Rusia y Ucrania para publicitar sus ofertas de empleo. Buscan camareras, azafatas de eventos o relaciones públicas con buenos contratos y estupendas condiciones económicas. “Todo es maravilloso, hasta que llegan aquí”, aseguran fuentes policiales. Porque cuando las chicas aterrizan, el panorama es distinto: están obligadas a practicar la prostitución 24 horas al día los siete días de la semana.
Dos de ellas han sido liberadas por la Policía Nacional en el marco de la operación Manager, desarrollada en Almería y Marbella. La investigación, realizada durante los dos últimos años, ha permitido desmantelar una red dedicada a la trata y explotación sexual, así como clausurar cuatro prostíbulos, tres clubes de alterne y dos viviendas donde se ejercía la prostitución. Han sido detenidas 22 personas por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública. Entre los arrestados se encuentra el líder de la organización, que contaba con antecedentes y condenas previas por la misma actividad y ya ha ingresado en prisión. Su mujer era su mano derecha.
Los agentes comenzaron a investigar en 2019. Detectaron entonces una serie de agencias que, desde Rusia y Ucrania, publicitaban en su web empleos en España. Funcionaban como empresas de colocación y captaban a mujeres que, engañadas, viajaban hasta ciudades como Motril, Almería o Lleida, donde eran forzadas a ejercer la prostitución. En la ciudad granadina se desarrolló la primera actuación policial, hecha pública en enero de 2020, que culminó con seis personas detenidas y cinco víctimas liberadas. Sin embargo, los investigadores continuaron tirando del hilo, que les llevó un poco más al este de Andalucía, Almería.
Allí se toparon con un viejo conocido, con condena previa y que conocía bien el negocio. Disponía de clubes, pero también viviendas en las que se practicaba la prostitución. Es un cambio impulsado por las restricciones sanitarias. “En general, los clubes tuvieron que cerrar por el estado de alarma y los dueños fueron alquilando viviendas para seguir con la actividad”, cuenta un inspector de la Policía Nacional. También el perfil de chicas cambió. Como las procedentes de países del Este no podían viajar porque las fronteras estaban cerradas, empezó a publicar anuncios en periódicos y ello, sumado al boca a boca, le permitió encontrar mujeres de origen latinoamericano, subsahariano o árabe para trabajar.
La organización ganaba “muchísimo dinero”
Según la investigación policial, el negocio permitía a la organización ganar “muchísimo dinero”. Solo pagaban una pequeña parte por día de trabajo a la agencia que les conseguía, mediante engaños, a las mujeres. El resto, todo ingresos. Del alterne de los clientes con las chicas —como compartir una copa con ellas por 20 euros— la organización se llevaba la mitad del coste de la bebida. También del posterior servicio sexual. Y, además, también se financiaban a partir del menudeo de drogas —especialmente, cocaína— así como de la venta de fármacos para la disfunción eréctil. Las chicas debían estar disponibles las 24 horas del día para su clientela y solo tenían dos horas libres para salir a la calle bajo un control estricto de los encargados de los locales.
“Su situación es muy compleja. Generalmente proceden de zonas deprimidas y el dinero que pueden enviar a casa permite que toda su familia coma. Además, la organización suele prestarles dinero para el viaje y eso genera una deuda a saldar. Parece que es fácil decir que no, pero en realidad es muy complicado. Hay mucha coerción ambiental. Hay que ponerse en su piel”, añade uno de los responsables de la investigación, que explica que las dos víctimas liberadas en Almería son ya consideradas testigos protegidos y cuentan con el apoyo de organizaciones sociales.
El jefe de la organización disponía de un club en Marbella y estaba en trámites para adquirir un chalet en una zona exclusiva de la localidad para abrir otra casa prostíbulo. “Estaban ampliando su radio de actuación”, aseguran desde la Policía Nacional. Se estima que el grupo llevaba activo más de una década, ocultando su actividad real y la propiedad de los clubes de alterne y prostíbulos mediante un entramado de sociedades mercantiles. La banda tenía una gran jerarquía. Debajo del jefe y su mujer, había tres encargados generales que gestionaban cada uno varios clubes. Luego, un gerente de cada club y, finalmente, el personal que hacía turnos de doce horas para que los antros estuvieran abiertos las 24 horas del día. Además, dos personas se dedicaban a visitar los clubes para recoger la recaudación cada dos días.
Además de las 22 personas detenidas y la clausura de siete locales, en la operación se han intervenido 26.941 euros, 19 cheques por un valor de 53.000 euros, 35 bolsitas de cocaína, 176 pastillas para la disfunción eréctil y abundante documentación relevante para una investigación que sigue abierta.
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